Los diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, Hugo Rey, Miguel Becker, Camila Flores, Frank Sauerbaum y José Miguel Castro, han solicitado formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que investigue la posible existencia de un sobreprecio en la compra por parte del Fisco de la propiedad que perteneciera al expresidente Salvador Allende.
Dicho inmueble, situado en calle Guardia Vieja N°392 en la comuna de Providencia, es actualmente propiedad compartida de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende y su hermano, ambos nietos del exmandatario.
En la carta dirigida al presidente del CDE, Raúl Letelier, los parlamentarios expresaron su preocupación por un posible perjuicio al patrimonio estatal y el conflicto de interés que podría surgir.
Los legisladores argumentaron que “quien lleva a cabo la negociación es el Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y adquirirá la propiedad de una Ministra de Estado que forma parte del mismo Gobierno”. Este hecho representa, señalan, un evidente conflicto de interés y podría constituir un incumplimiento del Principio de Probidad, consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Los diputados resaltaron que el inmueble fue comprado por la ministra y su hermano en 1998 por $500 mil, mientras que recientemente el Fisco lo adquirió por un monto cercano a mil millones de pesos.
En el documento, advirtieron que “aun aplicando criterios de reajuste estrictos, es evidente que la Ministra y su hermano obtienen una ganancia desproporcionadamente superior al monto que pagaron”.
Además del posible sobreprecio, los parlamentarios señalaron que el inciso final del artículo 37 bis de la Constitución prohíbe de manera explícita a los ministros celebrar contratos con el Estado, incluso en situaciones de copropiedad.
En este contexto, indicaron que “separar al ministro de Estado como miembro de una comunidad o copropiedad no debería ser aceptado, ya que vulnera el espíritu de la norma constitucional”.
La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada, afirmó que “los precios pagados parecen exceder considerablemente los valores de mercado, por lo que el CDE debe cumplir su mandato de protección del patrimonio público, investigando si esta situación implica un sobreprecio que afecte los intereses fiscales”.
El diputado Miguel Becker añadió que “el argumento de que la ministra no participa en la compraventa, sino su persona jurídica, no parece alinearse con los estándares exigidos por nuestra Constitución”.
“Por ello, sería deseable que el Consejo nos brinde su opinión jurídica sobre si se está incumpliendo esta regla, que es un mandato crítico de observancia de probidad mínima para ministros de Estado”, complementó.
Asimismo, el diputado Hugo Rey, subjefe de bancada, comentó que “el visto bueno de la Contraloría es importante, pero no es una garantía absoluta frente a cuestionamientos”.
“Los valores de compra parecen excesivos y no hay muchas dudas sobre el posible incumplimiento del estándar establecido en el artículo 37 bis de la Constitución, que prohíbe a los ministros contratar con el Estado”, enfatizó.
La diputada Camila Flores, presidenta de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, criticó: “no hay fondos para salud en nuestro país, no hay dinero para pagar la asignación trimestral a nuestros carabineros, no hay recursos para aumentar la PGU de nuestros pensionados, pero sí hay mil millones de pesos para comprar la casa de Salvador Allende, el líder espiritual del actual Gobierno”.
“Esto me parece totalmente irregular (…) a lo menos habría una negociación incompatible”, subrayó.
El diputado Frank Sauerbaum, miembro de la comisión de Hacienda, también mostró su reacción al considerar que la operación parece “un fraude a la ley, dado que la ministra se involucra en la compraventa como parte de una comunidad”.
“Se trata de una norma constitucional que se está vulnerando, lo que merece un reproche ético más allá de los aspectos legales validados por la Contraloría, que creemos debe revisarse para este caso y otros similares”, explicó el legislador.
José Miguel Castro lamentó que “es triste que este Gobierno, que ha establecido metas fiscales inalcanzables debido a la falta de gestión y recursos, gaste esta cantidad desproporcionada de dinero en adquirir propiedades que no son urgentes ni necesarias”.
Los diputados de RN instaron al CDE a emitir un informe legal que aclare si esta transacción infringe la prohibición constitucional y afecta seriamente la función pública desempeñada por la ministra.
“Más allá de un tecnicismo jurídico, se está violando de manera evidente el Principio de Probidad, fundamental para proteger el interés fiscal y la transparencia en la gestión pública”, concluyeron.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
