«El candidato elegido asumirá la presidencia de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional, realizando el juramento correspondiente ante la Asamblea Nacional».
Esta disposición proviene del artículo 231 de la Constitución de 1999, y para cumplir con este mandato, Maduro se presentó este viernes en el Palacio Federal Legislativo para asumir su cargo ante los asambleístas.
No obstante, este acto ha sido opacado por las inciertas circunstancias que rodean la proclamada victoria del actual presidente en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo control del oficialismo, el candidato a la reelección obtuvo el 52% de los votos.
Sin embargo, este organismo no ha proporcionado hasta ahora los resultados detallados que validen tal afirmación.
Por el contrario, la oposición sostiene que el verdadero ganador de las elecciones fue su candidato, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien según el 80% de las actas de escrutinio obtenidas por la coalición anti-chavista, habría logrado cerca del 70% de los votos.
La autenticidad de estas actas en posesión de la oposición fue confirmada por el Centro Carter, uno de los pocos observadores internacionales independientes invitados por las autoridades para seguir el proceso.
González Urrutia, reconocido como presidente electo por Estados Unidos y otros gobiernos latinoamericanos, había declarado que regresaría a Venezuela este viernes para ser investido con la banda presidencial.
Salió de Venezuela en septiembre y se estableció en España ante el riesgo de arresto.
Las autoridades le han advertido al excandidato opositor que será detenido si regresa al país.
2. AUMENTO DE VIGILANCIA Y DETENCIONES
Desde principios de año, ha aumentado la presencia policial y militar en todo Venezuela, particularmente en Caracas.
Miles de efectivos han sido desplegados alrededor del Palacio presidencial de Miraflores y el cercano Palacio Federal Legislativo, ambos ubicados en el centro histórico de la ciudad.
Asimismo, se han establecido puntos de control por parte de militares y policías en las principales vías de acceso a la capital, con el objetivo de revisar vehículos y ocupantes.
La notable presencia policial fue evidente durante las protestas del jueves.
«La derecha venezolana muestra nerviosismo ante un despliegue de fuerzas del orden que es completamente normal», declaró el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
«Venezuela recibirá a presidentes y representantes de más de 100 países para la toma de posesión, y debemos garantizar la seguridad tanto para ellos como para los ciudadanos venezolanos«, justificó el funcionario, alegando que existen planes de desestabilización y «golpistas».
A pesar de que Cabello tildó de «normal» el operativo, hay elementos inusuales, como la participación de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), uno de los dos organismos de inteligencia del país.
La DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional, ha sido señalada por instancias como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU por cometer torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y otros crímenes contra la humanidad.
En un video del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), el coronel Alexander Granko Arteaga, uno de los directivos de la DGCIM, justificó sus acciones al afirmar que «el país está bajo amenaza».
Esta afirmación fue respaldada por Maduro, quien anunció la detención de siete «mercenarios extranjeros», ampliando así la lista de 150 aprehendidos en los últimos meses.
«Las capturas continúan, porque una información lleva a otra. Hay buena información para desmantelar lo que hoy se desmantela, una conspiración internacional financiada por el gobierno saliente de Estados Unidos«, aseveró.
Además de los presuntos mercenarios, hasta el miércoles se había documentado que más de una decena de políticos, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos habían sido detenidos en al menos tres estados.
Entre los arrestos destacan el de Rafael Tudares, yerno de González Urrutia; Enrique Márquez, ex candidato presidencial, y Carlos Correa, activista de derechos humanos.
Las autoridades han corroborado las detenciones, justificándolas al afirmar que los arrestados forman parte de una «conspiración».
Sin embargo, no han revelado el paradero de los detenidos ni les han permitido contactar a sus familias, lo que ha llevado a defensores de derechos humanos a calificar estas acciones como «desapariciones forzadas».
El martes, Maduro dio un paso más en su «unión cívico-militar-policial» al activar la Organización de Defensa Integral (ODI), que según explicó, «integra todos los poderes políticos, el poder popular, la Fuerza Armada, la Milicia y todas las fuerzas policiales».
En un evento en el Palacio de Miraflores, el mandatario juramentó a los cuerpos de combatientes de diversas empresas públicas, que están compuestos por trabajadores armados.
Además, desde el miércoles, se han visto grupos de motociclistas afines al oficialismo, conocidos como «colectivos», recorriendo las calles de Caracas y otros lugares.
Por su parte, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, en la frontera con Colombia, anunció el cierre de la frontera desde las 5:00 p.m. del viernes hasta la misma hora del lunes 13 de enero, alegando un presunto plan de desestabilización en esa región de cara a la ceremonia de asunción de Maduro.
«Ahora tenemos información sobre una conspiración internacional para perturbar la paz de los venezolanos, especialmente en esta zona fronteriza«, aseguró en un video compartido en redes sociales.
La Cancillería de Colombia indicó que fue informada por el gobierno venezolano, a través de canales diplomáticos, no solo sobre el cierre de la frontera, sino también del espacio aéreo.
3. ESTRATEGIA DE LA OPOSICIÓN
«El masivo despliegue policial y militar busca disuadir cualquier protesta contra la toma de posesión», explicó a BBC Mundo un funcionario judicial que prefirió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
Por otro lado, María Corina Machado, la líder opositora a la que las autoridades venezolanas no permitieron participar en las elecciones de julio, instó a los venezolanos a superar el miedo provocado por las más de 2.000 detenciones desde las elecciones y los numerosos casos de tortura y maltrato.
«Es hora de actuar (…) Todos sabemos que esto tiene que cambiar», afirmó, llamando a sus compatriotas a manifestarse en masa contra la toma de posesión de Maduro.
«Que el miedo nos tema a nosotros», sugirió.
Esta convocatoria tuvo eco y el jueves se registraron 157 protestas a nivel nacional, de las cuales 17 fueron reprimidas, según datos preliminares de la organización Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Sin embargo, la estrategia opositora no sólo busca «calentar las calles» para provocar un quiebre en el apoyo a Maduro, sino que también ha estado maniobrando a nivel internacional con el mismo objetivo.
González Urrutia ha realizado en los últimos días una gira que lo llevó a Argentina, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana en busca de apoyo.
Además, el excandidato opositor anunció su intención de regresar al país para ser juramentado, afirmando que vendría acompañado por varios exmandatarios de América Latina.
Desde el gobierno de Maduro se ha advertido que este plan representa un «grave riesgo» para quienes participen, ya que serían considerados «invasores» y tratados como tales.
«Recomiendo que no traten de inventar cosas», comentó el ministro Cabello, quien recordó que en años anteriores la Fuerza Aérea ha derribado 400 aeronaves que intentaron ingresar ilegalmente al espacio aéreo venezolano.
El ministro también ha afirmado que el verdadero objetivo opositor es que González Urrutia se juramente en alguna de las embajadas que el gobierno no controla desde 2019.
La analista Carmen Beatriz Fernández sostiene que la doble estrategia de la oposición tiene el objetivo de generar «un momentum político alrededor de Edmundo González Urrutia».
«No obstante, no sabemos si esta estrategia será suficientemente exitosa para lograr su objetivo: su juramentación», añadió.
«En el mejor de los casos, el plan podría llevar a una fractura dentro del chavismo y fomentar una negociación que permita que González Urrutia asuma el poder, ya sea el día 10 o después. Y en el peor de los casos, dificultaría a Maduro mantenerse en el poder«, explicó la profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra (España) a BBC Mundo.
4. ¿QUIÉNES APOYAN A QUIÉN?
Las autoridades venezolanas han afirmado que alrededor de 2.000 invitados de 100 países asistieron a la tercera toma de posesión de Maduro desde 2013, aunque solo cinco son jefes de Estado o de gobierno.
Entre los asistentes al evento del viernes estaban los líderes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega.
Luis Arce, presidente de Bolivia, un aliado de Venezuela, anunció que no asistiría, a pesar de reconocer la cuestionada victoria de Maduro. Su ausencia se debe a la presencia de su rival y antiguo mentor político, el expresidente Evo Morales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó también su ausencia y atribuyó su decisión no solo a la falta de transparencia del gobierno venezolano respecto a las actas que certifiquen el triunfo de Maduro, sino también a la reciente oleada de detenciones.
La reelección de Maduro ha sido cuestionada por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea (UE) y varios países latinoamericanos.
Los gobiernos anteriormente mencionados no han enviado representantes a la ceremonia y varios de ellos ya consideran a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela.
La decisión de países como Paraguay de reconocer al opositor como el ganador de los comicios desató la ira de Maduro, quien rompió relaciones diplomáticas con ese país.
Rusia, Irán y China, por su parte, han reconocido la reelección de Maduro y enviaron representantes a la ceremonia.
(Imágenes: Getty Images)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
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