La Comisión de Medio Ambiente del Senado ha aprobado el proyecto de reforma de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, conocido como Evaluación Ambiental 2.0. Este proyecto busca fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar la eficiencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, celebró la aprobación de esta iniciativa, que pasará ahora a ser revisada por la Comisión de Hacienda del Senado, un paso necesario antes de su votación en el Senado y de completar así su primer trámite legislativo.
“Estamos avanzando en un proyecto que busca equilibrar la protección del medio ambiente con el desarrollo sostenible, optimizando, entre otros aspectos, el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA)”, afirmó la ministra.
El proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 propone, por ejemplo, la eliminación del Comité de Ministros como órgano de revisión de reclamaciones. Una vez que se suprima esta instancia, tanto las comunidades como los titulares de proyectos de inversión podrán recurrir directamente a los tribunales ambientales, lo que reducirá los tiempos durante la fase de impugnación.
Asimismo, se reforzará la autoridad técnica del SEA, otorgando competencias para aclarar los pronunciamientos de los organismos estatales con competencia ambiental en materias específicas.
Además, se implementará un procedimiento de urgencia que permitirá acortar a la mitad los plazos de evaluación en situaciones de necesidad pública urgente, manteniendo los estándares técnicos necesarios para su calificación.
La iniciativa presentada por el Ejecutivo facilitará la participación ciudadana en la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, eliminando las restricciones que actualmente afectan a los proyectos que ingresan a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). De esta manera, será suficiente con que cualquier comunidad interesada lo solicite.
Asimismo, el proyecto actualiza la acción para reparar daños ambientales. En este sentido, se reconoce la responsabilidad que debe asumir el Estado en la restauración del medio ambiente, regulando la legitimación activa del Consejo de Defensa del Estado en casos de daño ambiental, lo que le permitirá al Estado demandar la reparación del ecosistema afectado.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
