Un informe de fiscalización realizado por la Contraloría General de la República al Servicio de Registro Civil e Identificación ha revelado que el organismo desembolsó más de 7 mil millones de pesos ($ 7.597.887.848) entre 2020 y 2023 para el mantenimiento y soporte evolutivo de software, que no resultaron en productos funcionales para la institución.
Los proyectos en cuestión incluyen la ley de matrimonio igualitario, la solicitud de copias de partidas de nacimiento a través de Internet, y la implementación de un nuevo sistema de agendamiento online para la renovación de documentos de identidad, matrimonios y acuerdos de unión civil.
En el caso de la ley de matrimonio igualitario, que debía sustituir el sistema actual de registro de matrimonios y acuerdos de unión civil, se constató que el director nacional de ese entonces no tomó las medidas necesarias para corregir el proyecto antes de autorizar los pagos asociados, lo que resultó en un sistema que presentó fallas, obligando a utilizar el antiguo.
Otro sistema que no cumplió su propósito fue el de la solicitud de copias de partidas de nacimiento a través de Internet, que pretendía permitir hacer dichas solicitudes desde Chile o el extranjero.
En este caso, el software desarrollado desde 2021 debió ser desechado al no satisfacer los requerimientos operativos del servicio, lo que impactó negativamente en los tiempos de trámite para aquellos que residían en el extranjero.
En cuanto a la implementación del nuevo motor de agendamiento online para la renovación de documentos de identidad, matrimonios y acuerdos de unión civil, la Contraloría observó que el sistema experimentó dificultades técnicas, lo que llevó a una reducción en la disponibilidad de cupos en las oficinas del Registro Civil y a un aumento en los tiempos de espera para agendar citas.
Además, el organismo no tomó medidas para exigir a la empresa proveedora la corrección de estos problemas antes de autorizar el pago.
Dado que las irregularidades identificadas podrían constituir un delito, la Contraloría ha enviado el informe al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se tomen las acciones legales pertinentes.
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN
Otro hallazgo de la auditoría indicó que, en lo que respecta al aspecto técnico del proyecto de modernización, no se pudo diseñar un Core Registral (registro de información personal de los ciudadanos) y de interoperabilidad para reemplazar los registros existentes.
En este contexto, el proyecto tampoco logró ser implementado y la plataforma tecnológica del servicio continuó operando con sus componentes antiguos, HP Non Stop e IBM Data Power.
Asimismo, se verificó que el servicio no probó que se utilizaran las licencias Intersystems Iris, necesarias para desarrollar y habilitar servicios de interoperabilidad que facilitaran el intercambio seguro y automático de datos con otras entidades públicas y privadas, adquiridas a los proveedores Soaint Gestión S.A., Pronova Technologies S.A. y Andes Servicios Tecnológicos SpA.
La Contraloría hará un reparo por $1.828.454.023, lo que equivale, aproximadamente, al 64% del total pagado por la compra.
En relación con esto, se evidenció que, a pesar de haber contratado licencias para el servicio de interoperabilidad a la empresa Soaint Gestión S.A. -donde uno de sus componentes era la base de datos Iris, que maneja grandes volúmenes de información- la institución no utilizó este componente y optó en su lugar por una base de datos externa respaldada por un gestor de base de datos de Oracle.
Esta situación, que ocurrió en el marco de su interoperación con la Subsecretaría de Redes Asistenciales, pone de manifiesto que el servicio no tomó las medidas adecuadas para garantizar una gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos, evitando su pérdida, deterioro o uso inapropiado.
Por último, respecto a la contratación de servicios de infraestructura en la nube a Entel S.A. para proporcionar recursos informáticos y espacio de almacenamiento para desplegar la nueva plataforma tecnológica que reemplazaría el Core Registral y los servicios de interoperabilidad, se constató que el servicio solo utilizó una pequeña parte de estos recursos.
Por lo tanto, se concluyó que era injustificable el pago de $1.893.887.870, equivalente al 15,61% del total de los desembolsos realizados a la empresa.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
