El proyecto promovido por el Gobierno para saldar la deuda histórica del profesorado está a un paso de convertirse en ley, una cuestión que ha estado pendiente desde que la educación pública pasó a ser gestionada por los municipios en la década de los ochenta.
El Senado aprobó un texto que establece un pago único de $4.500.000 por beneficiario, dividido en dos cuotas, destinado a profesionales de la educación que han sufrido daños morales y patrimoniales.
Tras finalizar la votación, el ministro del área, Nicolás Cataldo, declaró que es “un día histórico para nuestro país, nuestra democracia y para los profesores y profesoras que son testigos de un proyecto que busca reparar la deuda histórica”.
Por su parte, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, consideró la aprobación como un avance crucial, afirmando que “esto es un fragmento de justicia que contribuye a sanar heridas. Durante 43 años no hubo justicia y hoy esto se presenta como un símbolo de reparación”.
Aguilar también subrayó el apoyo político transversal, lo que, en su opinión, “demuestra que se pueden alcanzar acuerdos y avances cuando hay sintonía con las necesidades sociales”.
Resaltó, además, la importancia del reconocimiento simbólico, señalando que “el monto no es lo más importante, sino que el Estado de Chile reconozca esta deuda. Ese simbolismo tiene un inmenso valor”, enfatizó.
Con la ley, 57.560 personas recibirán una compensación del Estado, que por fin reconoce una deuda que será saldada, aunque el monto real de la misma es considerablemente mayor que el que se contempla en el texto aprobado para su promulgación por el Presidente Gabriel Boric.
Los pagos se realizarán en enero y octubre, siempre y cuando los beneficiarios cumplan con ciertos requisitos, incluyendo el compromiso de no presentar reclamaciones nacionales o internacionales futuras al respecto.
Los cupos anuales tendrán un perfil de priorización que considerará la edad de los beneficiarios, comenzando con aquellos de mayor edad.
Durante la discusión en la Sala se coincidió en que se “hubiera deseado un monto mayor” y un plazo más corto para el pago. No obstante, se reconocieron las “limitaciones presupuestarias”, valorando la tenacidad del profesorado y la consulta realizada por el gremio para aceptar la propuesta.
Las senadoras Yasna Provoste y Ximena Rincón solicitaron una votación separada sobre los requisitos para acceder al aporte, ya que creían que la exigencia de renunciar explícitamente a acciones legales “no respeta derechos fundamentales” y “constituye una transgresión hacia los derechos de los profesores y profesoras”, pero su propuesta no tuvo éxito.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
