Tras los incendios que ocurrieron en febrero de 2024, principalmente en las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana en la región de Valparaíso, la Contraloría General de la República llevó a cabo un análisis de la llamada «Estrategia para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales 2023 – 2024», identificando diversas deficiencias en la responsabilidad del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).
Uno de los hallazgos fue que la elaboración de la estrategia “no incluyó una recopilación previa de información que permitiera definir los recursos, funciones y competencias de las instituciones involucradas, tanto a nivel nacional como regional, para cumplir con las tareas asignadas”, según informó La Tercera.
Esto debía servir para identificar anticipadamente factores que pudieran afectar su implementación y desarrollo, así como la consecución de los resultados esperados, según lo señalado por el ente contralor.
Asimismo, se realizó una consulta a los distintos municipios sobre la existencia de planes de emergencia ante incendios forestales, descubriendo nuevamente situaciones alarmantes.
Al interrogar a cada municipio sobre el Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD), “se encontró que al 12 de julio de 2024, 6.913 entidades municipales disponían de estos planes, 141 los estaban elaborando, 7 no los habían creado y 126 no respondieron a la solicitud de información.”
Por su parte, a la misma fecha, 243 municipios tenían aprobados Planes Comunales de Emergencia (PCE), 59 los estaban elaborando, 2 no contaban con uno y las otras 49 entidades no respondieron al requerimiento.
Frente a esta situación, la Contraloría recomendó a Senapred realizar mejoras significativas en sus futuras estrategias, incluyendo la claridad en la definición de atribuciones, el establecimiento de indicadores de cumplimiento y la coordinación eficaz con las entidades responsables.
De acuerdo con la entidad de fiscalización, la falta de acciones oportunas podría poner en riesgo la capacidad del país para enfrentar incendios forestales de gran magnitud, lo que tendría consecuencias devastadoras para las comunidades afectadas.
Se identificaron nudos críticos en las 13 regiones que forman parte de la Estrategia, relacionados, entre otros, con la carencia de recursos humanos y financieros, y las capacidades de las organizaciones implicadas para llevar a cabo los objetivos asignados, siendo Senapred uno de los organismos que, debido a dificultades técnicas y de recursos, no logró cumplir con ciertos compromisos.
Por ejemplo, se mencionó un protocolo que aborda acciones conjuntas antes y durante los incendios, que debería establecer prioridades territoriales, criterios de acción y definiciones de responsabilidades institucionales, así como planes de continuidad de operaciones institucionales.
Entre las principales deficiencias observadas destaca la ausencia de especificaciones e indicadores para evaluar el avance de los compromisos de la estrategia y la falta de verificación adecuada de tareas clave, como la elaboración de mapas de infraestructura crítica o la realización de patrullajes preventivos, tanto aéreos como terrestres, en áreas de alto riesgo.
“No se definieron actividades, parámetros, métodos de entrega o etapas de retroalimentación para desarrollar la estrategia, entre otros aspectos que permitieran al servicio advertir sobre la calidad e integridad de los entregables”, señala el informe.
El documento también apunta que “se comprobaron deficiencias en la acreditación de productos que, aunque debían ser ejecutados por otras entidades, su responsabilidad recae sobre Senapred.”
Algunas instituciones involucradas, como la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y Bomberos de Chile, no cumplieron con ciertos compromisos, tales como planes operativos para las brigadas de Bomberos, patrullajes aéreos y operativos para brigadas de combate nocturnas.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
