El Estatus de Protección Temporal (TPS), que brindaba salvaguarda a cientos de miles de venezolanos contra la deportación en Estados Unidos, tendrá su vencimiento oficial el 7 de abril, según lo indicado en una orden publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal.
Esta orden afecta específicamente a los 348,202 venezolanos que obtuvieron este estatus en 2023. En el documento, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, argumenta que resulta "contrario al interés nacional" que estos ciudadanos continúen residiendo temporalmente en Estados Unidos.
Además, se establece que esta decisión "no se aplica" a quienes recibieron el TPS en 2021, ya que para ellos el estatus seguirá vigente hasta el 10 de septiembre. Aunque se reconoce que algunas de las condiciones en Venezuela "pueden persistir," se señala que "hay mejoras notables en diversas áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, lo que permite que estos ciudadanos regresen a su país de origen de manera segura."
La orden sostiene que, incluso considerando que las condiciones en Venezuela puedan ser extraordinarias y temporales, se requiere el fin del TPS porque va en contra del interés nacional, lo cual abarca aspectos de política exterior y seguridad pública. Se menciona, como ejemplo, el "potencial vínculo con la pertenencia a bandas criminales" y el impacto negativo en los trabajadores y comunidades estadounidenses.
Asimismo, argumenta que el TPS ha permitido que una gran población de extranjeros "inadmisibles o ilegales sin posibilidad de adquirir un estatus migratorio legal se establezca en el interior de Estados Unidos." En este grupo de venezolanos, se observa que "hay miembros de la pandilla venezolana conocida como el Tren de Aragua."
El gobierno de Trump, ya desde la campaña electoral, ha asociado el incremento de la migración venezolana con la criminalidad, especialmente en relación a la presencia del Tren de Aragua. Sin embargo, los datos no indican un aumento significativo de la criminalidad vinculada a venezolanos.
La organización Amnistía Internacional ha rechazado esta decisión, afirmando que los beneficiarios del TPS son "personas que buscan protección, huyendo de una crisis humanitaria y una grave represión política."
Expertos en migración han advertido que es crucial examinar cada caso individualmente, dado que quienes tienen TPS podrían contar con otros recursos para legalizar su estatus migratorio o estar esperando decisiones en donaciones de asilo, lo que teóricamente podría impedir su deportación.
Antes de dejar su cargo, el presidente Joe Biden había extendido este programa de protección por un período de 18 meses, beneficiando a cerca de 600,000 venezolanos que se habían visto obligados a abandonar su país debido a la crisis política y económica de los últimos años. También se incluyó a personas de El Salvador, Sudán y Ucrania que actualmente cuentan con la protección del TPS.
Durante su primer mandato, Trump intentó finalizar el programa para varios países, pero enfrentó desafíos legales que impidieron aplicar esta medida. El TPS es un programa creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990, dirigido a individuos que enfrentarían graves dificultades si fueran forzados a regresar a sus países, ya sea por conflictos armados, razones humanitarias o desastres naturales.
Este estatus permite a las personas permanecer y trabajar temporalmente en Estados Unidos hasta el vencimiento del beneficio, que dura 18 meses, pero puede extenderse si el gobierno considera que las condiciones que motivaron la emigración persisten.
Los países actuales o pasados beneficiarios del TPS incluyen Afganistán, Camerún, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen. Venezuela fue agregada a esta lista en 2021, debido a la grave crisis que afecta al país, y se estima que cerca de 600,000 venezolanos han recibido este beneficio.
(Publicado en imagen: Getty Images)
(PURANOTICIA // BBC MUNDO)
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