Este lunes por la mañana, la Corte de Apelaciones de Antofagasta llevará a cabo la revisión de la solicitud de desafuero de la diputada Catalina Pérez en el caso Democracia Viva. Si se acepta la solicitud, la Fiscalía de Antofagasta podrá proceder a formalizar cargos contra la parlamentaria por fraude al fisco.
El pasado 23 de diciembre, el tribunal antofagastino admitió la solicitud de desafuero que presentó el fiscal jefe Cristian Aguilar, en relación con un presunto fraude al fisco que involucra un convenio entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva durante el año 2022.
Desde la perspectiva de la fiscalía, el desafuero representa el trámite legal necesario para avanzar en la formalización de cargos y solicitar medidas cautelares contra Pérez, basándose en la evidencia recabada que sugiere su implicación en los delitos mencionados.
En este contexto, el 14 de enero, el Consejo de Defensa del Estado decidió presentar una querella contra la diputada Pérez por su participación como cómplice en el delito de fraude al fisco. Esta decisión también habilitó al CDE para participar en la audiencia de desafuero.
La querella del CDE señala a la diputada como cómplice de un fraude al fisco reiterado, un delito del cual ya han sido formalizados su expareja Daniel Andrade (representante de la Fundación Democracia Viva), el exseremi Carlos Contreras, y la concejala Paz Fuica.
Según la querella, la diputada Pérez facilitó que Contreras y Fuica, quienes eran todos militantes de Revolución Democrática en el momento de los hechos, «incorporaran a Democracia Viva dentro de las fundaciones propuestas para la firma de los convenios, y que además, esta fundación fuese efectivamente seleccionada para recibir $426.000.000 mediante la transferencia directa de fondos públicos”.
Asimismo, ella intervino de manera personal “para concretar, asegurar y perpetuar la ejecución de los convenios con la Fundación Democracia Viva, mientras su pareja, el Sr. Andrade Schwarze, tenía plenas facultades para gestionar y disponer de la mencionada suma, con el fin de evitar que se conociera el carácter fraudulento de dichos convenios y que el proceso de suscripción y ejecución de los mismos aparentara estar respaldado por documentos y acciones que en realidad no existían, lo cual permitió a su pareja y a sus allegados ocultar el delito que se estaba cometiendo”.
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