La Fiscalía Regional de Coquimbo ha comenzado una investigación tras la querella interpuesta por la Fundación Fuerza Ciudadana contra el Presidente Gabriel Boric, acusándolo de presunta malversación de caudales públicos relacionada con el contrato del abogado Jonatan Valenzuela, quien lo representa en el caso sobre la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, la querella fue presentada hace tres semanas por el abogado Raimundo Palamara en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Este recurso judicial ha sido aceptado y la fiscalía ha accedido a llevar a cabo algunas de las diligencias solicitadas por el representante de la fundación.
Entre las solicitudes, Palamara pidió que se oficie al gobierno para que proporcione la resolución que justificó la contratación del abogado Valenzuela, que supera los $13 millones, además de toda la documentación pertinente que respaldó dicho decreto, incluyendo información sobre el pago al defensor penal privado.
Asimismo, el medio indica que la fiscalía está examinando los pormenores del caso para decidir si convoca a declarar al Presidente Boric y si es necesario acceder a su teléfono celular y otros documentos, también en relación con Valenzuela. Para estas acciones, “se recopilarán más antecedentes previamente”. Hasta el momento, la Fiscalía ha aclarado que esta investigación no se unirá a la indagatoria sobre el presunto fraude al Fisco relacionado con la fallida adquisición de la casa del ex presidente Allende.
«SE TRATA DE UN DELITO»
Por su parte, Palamara afirmó que “la acción del Presidente Gabriel Boric, al recurrir al presupuesto general para cubrir su defensa penal privada, constituye un delito de malversación de caudales públicos, que está penado por la ley».
«Si el mismo gobierno reconoce que comprar la casa a su ministra y a su tía, quien es senadora, fue un error, confirma que no fue un acto legítimo conforme a la ley. De lo contrario, habrían insistido en la transferencia del inmueble, cosa que no hicieron”, añadió.
Además, subrayó que el contrato no se encuentra dentro de las excepciones que permite el artículo 90 del Estatuto Administrativo, que autoriza el financiamiento de la defensa de funcionarios públicos en investigaciones relacionadas con su desempeño.
“Por tanto, aquí se ha cometido un delito, el cual es fundamental esclarecer lo más pronto posible, por lo que el fiscal necesita obtener toda la documentación necesaria, incluyendo la información de la Resolución Presidencial N° 75 y los documentos que fundamentaron el acto que se señala como delictual”, concluyó Palamara.
Finalmente, expresó que está «a la expectativa» respecto a la declaración de los implicados, es decir, del Presidente Gabriel Boric y su abogado defensor penal privado.
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