La Inmobiliaria Mar de Maitencillo ha interpuesto una controversia legal que parece amenazar el derecho a la libertad de expresión, dirigida contra la Junta de Vecinos N°11 Maitencillo Norte. Esta acción se relaciona con las manifestaciones públicas de oposición que han llevado a cabo los integrantes de la junta en contra del proyecto inmobiliario en desarrollo en la costa de Puchuncaví.
El proyecto en cuestión contempla la construcción de 28 departamentos en dicha costa. El permiso para la edificación fue otorgado en 2009, pero las obras no comenzaron hasta después de tres años, los cuales superaron el plazo máximo establecido, lo que llevó a la Contraloría a investigar la validez de dicho permiso tras las inquietudes planteadas por organizaciones vecinales. En la demanda, la inmobiliaria alega que la oposición ha provocado un «descrédito infundado» hacia la empresa y que ha ejercido «presiones ilegales» sobre la autoridad municipal.
La demanda también establece que «el objetivo de las acciones de los demandados ha sido que la Dirección de Obras Municipales (DOM) no complete el proceso de tramitación del Permiso de Obras Nueva N°45 de 2009, que ha estado en conformidad con la normativa vigente”.
No obstante, Puranoticia.cl consultó con la Municipalidad de Puchuncaví sobre si la inmobiliaria ya había recibido la recepción definitiva del proyecto, a lo que se respondió afirmativamente, generando interrogantes sobre el motivo detrás de esta ofensiva judicial contra los vecinos.
Es importante señalar que el año anterior, la comunidad, a través de la Junta de Vecinos de Maitencillo, manifestó su rechazo al acuerdo de conciliación que el municipio buscaba establecer con la inmobiliaria Mar de Maitencillo. Este acuerdo seguía a una decisión de la Corte de Apelaciones que se pronunció a favor de un recurso de ilegalidad interpuesto contra el director de Obras Municipales de Puchuncaví, Eduardo Ortiz, respecto al permiso de obras del proyecto «Rocas de Maitencillo». En ese entonces, los vecinos anunciaron que continuarían luchando legalmente, dado que consideraban que el permiso había caducado, apoyándose en un dictamen de la Contraloría y en las directrices de la Seremi del Minvu.
En cuanto a la justificación de la acción judicial presentada por la inmobiliaria, se argumenta que “las acciones de los futuros demandados constituyen un abuso del derecho”, ya que “han mal utilizado su derecho constitucional a la libertad de informar y opinar” y han infringido su derecho de manifestación, tal como está estipulado en el artículo 19 N°6 de la Constitución.
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
En este contexto, la inmobiliaria ha solicitado como medida prejudicial que los seis representantes de la junta de vecinos proporcionen las actas de las asambleas realizadas entre 2020 y 2024 donde se haya discutido el proyecto inmobiliario Rocas de Maitencillo, así como un listado de los miembros de la junta, y toda la documentación entregada a las autoridades públicas y actas de reuniones con estas en las que se haya tratado el proyecto.
Pablo Trivelli, un representante de los vecinos, expresó a Puranoticia.cl su sorpresa por la demanda, señalando que “la preocupación siempre ha sido que este proyecto carecía de un permiso de edificación aprobado. Eso es lo que hemos dicho, y aunque a ellos les incomode, no hay más que esto”. Trivelli agregó que, a pesar de que la municipalidad ya recepcionó la obra y la inmobiliaria podría vender los departamentos, él no ha estado al tanto de este proceso, lo que hace más desconcertante la llegada de esta demanda.
Debido a estas demandas, los vecinos se negaron a proporcionar la información requerida. La abogada de los demandados expresó su oposición a la solicitud durante la audiencia del 29 de enero de este año, tal como se documentó en el expediente.
Días antes, el abogado Rodrigo Campero, quien representa a los vecinos, defendió su postura en relación a la solicitud de información, afirmando que “acusar a la Junta y a sus miembros de llevar a cabo una campaña pública para bloquear el proyecto es totalmente falso y se demostrará en el proceso”. También mencionaron que la solicitud de información se basa en la libertad de informar y opinar, según lo establecido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política.
Acerca de la negativa a entregar información al tribunal, precisaron que no existen actas en las que se hable del proyecto y respecto al listado de miembros, sostuvieron que “la información es privada y contiene datos personales, como domicilios y teléfonos, que infringirían la ley de Protección de Datos”. En cuanto a los demás documentos sobre gestiones ante autoridades, indicaron que están disponibles bajo la Ley de Transparencia. “Todo lo que la inmobiliaria debería hacer es requerir información conforme a la Ley de Transparencia. La inmobiliaria está intentando, en esencia, que nosotros les hagamos su trabajo. Debido a la falta de claridad en la solicitud y su naturaleza pública, no estamos obligados a presentar ningún antecedente”.
La inmobiliaria ha vuelto a insistir en la presentación de documentos, en un caso que involucra la libertad de expresión, que está en curso en los tribunales desde hace cuatro meses sin que se haya presentado la demanda de fondo, a pesar de que ya se había otorgado la recepción de Obras, que fue la razón inicial para la ofensiva legal.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
