Diego Ignacio Pereira-Fonfach, abogado y representante de los propietarios asociados a la inmobiliaria y constructora San Antonio, expresó sus dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita postergar el desalojo de la megatoma de San Antonio.
En una entrevista con La Tercera, Pereira indicó que se han reunido “con el gabinete del ministro durante los meses de noviembre y diciembre de 2022”. En estas reuniones, el Gobierno se comprometió a proporcionarnos una fórmula de acuerdo basada en puntos previamente discutidos. Se comprometieron a hacernos llegar una garantía efectiva y adecuada de la operación el 20 de diciembre, cosa que no sucedió.
“También nos aseguran que nos enviarían un cronograma del proceso de cooperativas durante diciembre, lo que tampoco fue cumplido. Prometieron entregar una tasación para el 15 de enero de este año, y nuevamente no se cumplió. Hasta este momento, solo hemos recibido incumplimientos por parte del Gobierno”, afirmó.
Sobre la disposición a un acuerdo, el abogado afirmó que siempre han estado “dispuestos a llegar a un entendimiento con el Gobierno para evitar que este conflicto termine en un desalojo masivo. Sin embargo, es muy difícil avanzar sin certezas, sin planificación y sin una propuesta clara”.
Respecto a la reunión programada para el próximo 24 de febrero con el Ministerio de Vivienda, el representante mencionó que asistirán con mucha cautela. Además, expresó su preocupación, ya que no desean generar un escándalo social, pero es fundamental recordar que existe una sentencia de la Corte Suprema que reafirma el derecho a la protección de la propiedad. Necesitamos tiempo para analizar y evaluar esta situación.”
“Estamos dispuestos a escuchar al Gobierno, pero si no cumplen con sus compromisos, no ofrecen información clara y no presentan un plan estructurado en los aspectos legales, financieros y organizacionales, resulta imposible llegar a un acuerdo”, subrayó.
En cuanto a los puntos que no están dispuestos a negociar, Pereira enfatizó que “el Gobierno debe actuar como aval de la operación y proporcionar una garantía real y efectiva de que se cumplirá este acuerdo. No podemos avanzar sin tener una certeza clara de que se respetarán los compromisos adquiridos”.
“En segundo lugar, debemos alcanzar un acuerdo sobre el precio del terreno. No porque el Estado valore el suelo en 0,58 UF/m² significa que estemos obligados a aceptar esa cantidad”, agregó.
Además, reafirmó su creencia en “el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, estamos preocupados por lo que podría suceder si se lleva a cabo el desalojo. Somos claros en expresar que, si no hay acuerdo, llevaremos el fallo hasta las últimas consecuencias”.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
