La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció que el Gobierno tiene la intención de acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya antes de que finalice la investigación sobre el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Chile.
En una entrevista con 24 Horas, la secretaria de Estado señaló que “la investigación revela datos alarmantes que requieren una atención tanto de la justicia chilena como del tribunal en cuanto al posible involucramiento de otro país en un delito sucedido en Chile”.
Posteriormente, afirmó que «no vamos a esperar a que se termine la investigación para presentar estos elementos a la Corte». En este contexto, anunció que el canciller Alberto van Klaveren y un representante del Ministerio Público viajarán a los Países Bajos para entregar la información recogida en la indagatoria.
«Nosotros presentaremos nuestra denuncia a la Corte antes de que finalice la investigación, aportando toda la información que sea posible, dado que la investigación tiene ciertos elementos de secreto y todavía no está completamente abierta. Estos son aspectos que se están organizando y coordinando con precisión”, explicó la ministra.
Tohá también destacó que «no consideraremos cerrado el capítulo de exigir a Venezuela el cumplimiento de sus obligaciones. Aunque las relaciones diplomáticas se encuentran en un estado de congelamiento, no están completamente rotas; existen pactos internacionales. Además, contamos con Interpol y otros mecanismos que nos permiten hacer solicitudes y exigencias”.
La CIJ es el principal organismo judicial de las Naciones Unidas, y su función principal es resolver mediante sentencias las disputas que los Estados le someten. Se distingue de la Corte Penal Internacional, que se encarga de juzgar crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Ambas tienen su sede en La Haya, Países Bajos.
Por su parte, Héctor Barros, fiscal jefe del equipo ECOH que lleva a cabo la indagatoria, comentó a 24 Horas que hay elementos en la investigación que sugieren que el pago y la orden para matar al ex teniente podrían haber provenido del Gobierno venezolano.
“Este asesinato habría sido ordenado por el Gobierno de Venezuela. Se habría pagado parte del dinero en otro país, y las órdenes habrían descendido desde la cúpula del Tren de Aragua, comenzando desde el ‘Niño Guerrero’”, indicó.
Barros agregó que otro dato relevante sugiere que el propio Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela y considerado el número dos del régimen de Maduro, habría estado involucrado en el pago.
Es importante destacar que el Gobierno aún no ha definido una fecha para acudir a la Corte Internacional de Justicia.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
