El fiscal jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, se pronunció sobre los cuestionamientos que han surgido tras el allanamiento en la vivienda de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, justo después de haber dado a luz a su primer hijo.
«Esta es una diligencia solicitada por la fiscalía regional de Coquimbo, que requirió autorizaciones judiciales, las cuales fueron concedidas por el tribunal de garantía después de evaluar todos los antecedentes. La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó la acción», expresó desde el Congreso.
El fiscal añadió que «cualquier otra observación o comentario, disyuntiva o discrepancia, deberán ser presentadas ante un tribunal de garantía, donde el Ministerio Público, en particular la Fiscalía, rendirá cuentas sobre el desarrollo del caso«.
«En cuanto a cualquier otra circunstancia, y permítanme decirlo con el mayor respeto, son elementos que forman parte de una investigación en curso, de la cual no podemos revelar detalles (…) iremos observando cómo se desarrolla este asunto», comentó.
Al ser consultado sobre el anuncio de Cariola de que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la forma y el momento del allanamiento, indicó que «cualquier persona tiene el derecho, como ciudadano de la república, de ejercer todos los derechos y garantías que establece el ordenamiento jurídico».
Además, se le preguntó si la Fiscalía estaba al tanto de que la diputada iba a dar a luz en las horas programadas para el allanamiento. El fiscal Campos evitó ofrecer detalles: «No me referiré a ningún aspecto adicional, ya que son cuestiones que podrían ser objeto de discusión. Comprendo que el fiscal Patricio Cooper ya proporcionó un detalle hace un par de días sobre lo que se puede indicar».
Profundizando en el tema, el fiscal destacó que «se trata de una investigación sobre hechos que podrían constituir delitos, y todas las diligencias tienen el objetivo de aclarar puntos y, en este caso, garantizar otros. Es una investigación en curso (…) estamos informando acerca de una diligencia realizada por el Ministerio Público, cuya aprobación fue concedida por un tribunal de garantía basado en los antecedentes presentados«.
Se le preguntó, además, si existían garantías de que no se filtrarían datos del teléfono incautado, que según informes contendría la grabación de las 10 horas de parto de la diputada. El fiscal comentó que «desconozco el contenido de ese teléfono, ya que son diligencias propias de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía».
«Con respecto al tema de las filtraciones, no solo en esta investigación, el Ministerio Público ha implementado todos los mecanismos posibles para evitar que ocurran. Sin embargo, no hay que olvidar que las investigaciones que tienen carácter secreto son de conocimiento público o están completamente accesibles para quienes intervienen en la investigación«, concluyó.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
