El juez federal James Boasberg solicitó aclaraciones al Departamento de Justicia tras el incumplimiento de la Administración del presidente Donald Trump de su orden explícita emitida el sábado, que ordenaba detener las deportaciones de ciudadanos venezolanos. Esta orden se basa en una orden ejecutiva respaldada por la Ley de Enemigos Extranjeros de 1789, que faculta al presidente para expulsar a ciudadanos de ciertos países en tiempos de guerra.
El magistrado otorgó a los representantes del Departamento de Justicia un plazo hasta la tarde de este martes para que respondan a una serie de interrogantes sobre los vuelos de deportación, que incluyen el horario de despegue del espacio aéreo estadounidense, el aterrizaje en países centroamericanos y la entrega de los deportados a las autoridades correspondientes.
Asimismo, el juez Boasberg pidió al juez del Departamento Abhishek Kambli que aclare su posición sobre por qué considera que la información no puede ser divulgada, como ha sostenido. «Si afirma que es confidencial y que no puede mostrarla, entonces deberá explicar sus razones. Estoy interesado en escuchar su justificación«, indicó.
El juez criticó al gobierno por actuar como si su pronunciamiento del sábado «no era una orden». Según el juez, el razonamiento del Ejecutivo sería: «No nos importa. Vamos a actuar como queramos», comentó.
Con anterioridad, el Departamento de Justicia había argumentado que la orden judicial «no era aplicable» porque era «oral». «Una directiva oral no puede ser considerada como un requerimiento vinculante. Las órdenes escritas son fundamentales porque clarifican los límites de una conducta aceptable», respondió el Departamento de Justicia al juez Boasberg.
Organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), han denunciado que la Administración Trump desobedeció una orden de un tribunal federal, al afirmar que había dos aviones en vuelo con deportados cuando se emitió la decisión judicial, lo que significa que los venezolanos todavía estaban bajo jurisdicción estadounidense y debían regresar a Estados Unidos.
La orden verbal del juez especificaba que cualquier avión debía regresar a Estados Unidos, pero la orden escrita no aborda esta situación en particular y simplemente prohíbe cualquier expulsión mientras la orden esté vigente.
Según los abogados del Departamento de Justicia, «la orden escrita, menos detallada, representa un análisis más ponderado del tribunal sobre el ejercicio adecuado de sus facultades«. «El documento escrito tiene prioridad», afirmaron.
Además, señalaron que la orden judicial, emitida a las 19:25 del sábado, «no interfiere con las potestades del presidente para llevar a cabo operaciones militares en el extranjero bajo el amparo del Artículo II».
El domingo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la llegada desde Estados Unidos de 238 supuestos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, a solicitud de Donald Trump. Este traslado se realizó en virtud de una ley de 1789 que otorga al presidente poderes especiales en tiempos de guerra para expulsar a ciudadanos de determinadas nacionalidades.
(Imagen referencial: @PressSec)
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