«Convirtió mi vida en un infierno». Así describe Amanda, una joven estudiante de Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar, el complicado momento que atraviesa desde que Rodrigo Rivera Sáez, el hombre que la violó el 22 de julio de 2022 durante una fiesta con compañeros en Olmué, se encuentra prófugo de la justicia, a pesar de haber sido condenado a 5 años y 1 día por el delito.
El incidente ocurrió en medio de una celebración de fin de semestre, donde estudiantes de Derecho e Ingeniería se reunieron en una casa en Olmué para compartir entre amigos. Amanda, buscando un momento a solas tras recibir una mala nota, entró a una habitación y se encontró con un compañero de Ingeniería, quien la abordó con una conversación para luego agredirla sexualmente.
«Entré a un cuarto oscuro. Solo quería alejarme del grupo porque estaba triste por el resultado de una nota. Me metí por accidente en el cuarto donde él estaba. Al principio, mostró preocupación, pero luego me agarra del pelo y, con fuerza, procede a violarme«, relató Amanda durante una entrevista con «Chilevisión Noticias».
El acusado, quien es hijo de un ginecólogo residente en el sector Bosques de Montemar en Concón y que cuenta con una buena situación económica, fue llevado a juicio. En noviembre de 2024, luego de un extenso proceso, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota lo condenó unánimemente a 5 años y 1 día de prisión por el delito de violación, lo que implica una pena efectiva y privativa de libertad.
Sin embargo, el día del veredicto, la situación se tornó aún más complicada para Amanda y su familia, ya que Gendarmería se encontraba en paro. Por esta razón, según el TOP de Quillota, no había personal disponible para trasladar al condenado a una unidad penal, lo que llevó a que la solución propuesta por la justicia fuera dejarlo bajo arresto domiciliario total.
La decisión, tomada por la jueza Mónica Oliva, se justificó en la falta de personal de Gendarmería para el traslado, además de que no había riesgo de fuga porque el condenado había colaborado con la investigación. Esta resolución fue criticada por la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería, quienes argumentaron que el paro no era excusa, ya que podían enviar al condenado a otro establecimiento penal.
Así, el joven de Bosques de Montemar fijó su domicilio en una zona acomodada de Concón y cumplió su arresto en esa casa. Su defensa intentó apelar el fallo, solicitando un recurso de nulidad, el cual fue rechazado posteriormente por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Esta corte confirmó la sentencia de violación contra Rodrigo Rivera Sáez, ordenando su ingreso a la cárcel el 1 de febrero para cumplir su pena.
Sin embargo, desde entonces, el sujeto ha desaparecido completamente y permanece prófugo de la justicia. Esto era algo que la Fiscalía ya había anticipado durante el juicio: «Solicitamos prisión preventiva después del veredicto condenatorio debido, entre otras razones, a la gravedad de los hechos y al evidente peligro de fuga, dado que se trata de una persona con una situación económica que le permite huir», explicó el fiscal de Limache, Guillermo Sánchez.
«Estoy asustada, preocupada, nerviosa. Todo se desmoronó nuevamente después de haber enfrentado tanto, porque he atravesado muchos procesos difíciles para apenas sentir que se hace justicia. (…) Que esté libre me causa miedo e inseguridad», expresó la joven de 23 años en el noticiero, agregando que «me aterra pensar que algunas personas pueden cometer actos tan horribles y que la justicia los deje libres (…) Los últimos años de mi vida han sido una pesadilla que no termina. Convirtió mi vida en un infierno.»
Es relevante mencionar que minutos después de la comisión del delito y durante todo el juicio, el condenado negó haber violado a Amanda: «En ningún momento he violado ni cometí actos de violencia en su contra. Rechazo completamente su testimonio», declaró Rivera durante el juicio, manteniendo su inocencia y afirmando que todo lo sucedido aquella noche fue consensuado.
Funcionarios de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Concón han tratado de visitar en múltiples ocasiones el domicilio asignado al condenado para el arresto domiciliario, sin embargo, afirman que no han logrado encontrarlo en su residencia. Esto ha impedido que se ejecute la orden de detención emitida por el Juzgado de Garantía de Limache, que enfatizó que dicha orden debe ser cumplida tanto por Carabineros como por la Policía de Investigaciones (PDI).
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
