Los diputados Tomás Lagomarsino (Partido Radical) y Agustín Romero (Partido Republicano) han propuesto un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir la entrega de títulos a médicos especialistas que no reembolsen al Estado a través del cumplimiento del periodo de asistencia obligatorio.
Asimismo, la iniciativa contempla plazas preferenciales para profesionales que sean pareja o que estén en Acuerdo de Unión Civil.
En relación con esta propuesta, el diputado Lagomarsino manifestó que se presenta “dentro del contexto de la Comisión Investigadora de Listas de Espera, y busca hacer exigible el periodo asistencial obligatorio”.
Como ejemplo, mencionó que “en 2022, un oncólogo debía devolver su especialidad al centro oncológico adosado del Hospital Carlos Van Buren durante cuatro años, después de que el Estado había financiado su formación y proporcionado un estipendio mientras estudiaba en la Universidad de Chile. Este oncólogo nunca llegó a trabajar en el centro y actualmente se encuentra laborando en una clínica de Viña del Mar, donde el Hospital Carlos Van Buren debe adquirir servicios debido a la falta de oncólogos. Además, el proceso judicial para recuperar los recursos invertidos en su formación aún está en curso, sin un desenlace previsto”.
“Hay cientos de casos similares en nuestro país. Un pequeño porcentaje de médicos perjudica el cumplimiento del periodo asistencial obligatorio y la devolución de la especialidad”, añadió.
Ante estas situaciones, el legislador afirmó que “este proyecto de ley aborda este problema, estableciendo como requisito obligatorio el periodo asistencial para obtener el título de especialista o subespecialista. Además, propone una modificación para que los especialistas que se han formado y son parte de un mismo matrimonio o Acuerdo de Unión Civil tengan asignada una plaza en el mismo servicio de salud”.
“Este finalmente pone fin a un problema que ha persistido en nuestro sistema durante años, relacionado con el hecho de que todos los especialistas, aunque no sea algo generalizado, especialmente en especialidades críticas, no reembolsan la inversión del Estado en su formación si no cumplen con el periodo requerido”, concluyó el diputado Lagomarsino.
Por su parte, el diputado Romero destacó que “hemos concebido un proyecto que no implica mayores gastos para el Estado ni aumentos en la burocracia, sino que busca abordar un tema urgente en la gestión”.
“Más de 3 millones de atenciones que actualmente están en espera corresponden a consultas de especialidades, y lo que necesitamos son más especialistas. El Estado está haciendo un esfuerzo considerable por formar a estos profesionales, pero ese esfuerzo no se traduce en la oferta médica necesaria en nuestro sistema de salud”, agregó.
Finalmente, enfatizó que “no buscamos imponer multas ni requerir reembolsos al Estado, lo que deseamos es que esos especialistas puedan atender a los chilenos. Por eso, este proyecto es fundamental”.
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