La comisión especial de la Cámara de Diputados, encargada de investigar las acciones de las autoridades ante la denuncia de violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha decidido aprobar un informe opositor que señala responsabilidades al Presidente Boric, la PDI y Carabineros.
Durante la sesión del lunes, los miembros de la comisión llevaron a cabo la votación del informe, cuyos resultados se enviarán a la Sala. Tras un extenso debate, el informe opositor fue aprobado con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención.
El documento responsabiliza al Presidente Gabriel Boric, al Ministerio de la Mujer, a la exministra Carolina Tohá, a la PDI y a Carabineros por las acciones realizadas después de la denuncia.
Entre los puntos que se destaca en el informe está el fortalecimiento de la fiscalización de gastos reservados, así como la creación de un protocolo de protección para altas autoridades por parte de las fuerzas policiales, entre otras medidas.
Los diputados que apoyaron el informe incluyen a Álvaro Carter (Ind.-Partido Republicano), Luis Sánchez (Partido Republicano), Gloria Naveillán (Partido Nacional Libertario), Joanna Pérez (Demócrata), Flor Weisse (UDI) y Miguel Mellado (RN).
Por su parte, fueron rechazados por los parlamentarios Daniella Cicardini (PS), Diego Ibáñez (FA), Camila Musante (Ind.-PPD), Alejandra Placencia (FA) y Carolina Tello (FA), mientras que el diputado Tomás Lagomarsino (PR) se abstuvo.
El informe será sometido a votación en el hemiciclo de la Cámara de Diputados en una sesión futura.
Originalmente, la oposición propuso catalogar al equipo de la Presidencia como ‘cómplice’ en el caso, pero se modificó el término a ‘deficiente y negligente’.
En este contexto, el oficialismo ha acusado a la oposición de exceder las atribuciones de la comisión investigadora al imputar delitos y responsabilidades equivocadas.
La oposición, por su parte, defendió su posición, argumentando que la gestión del caso fue inadecuada.
Las conclusiones incluyen un cuestionamiento al rol del Presidente Boric, indicando: «La prolongada permanencia del exsubsecretario Monsalve, tras enterarse el Presidente Boric de la denuncia por violación, contradice el deber constitucional de Su Excelencia y del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para salvaguardar la seguridad y el orden público«.
En resumen, el informe concluye que «es ineludible responsabilizar al Jefe de Estado por una serie de errores con graves consecuencias institucionales: fue el Presidente quien permitió el viaje del exsubsecretario a Concepción; quien no comunicó los hechos a la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; quien no ejerció un liderazgo adecuado en situaciones críticas; y quien, en definitiva, mantuvo al exsubsecretario en su cargo hasta que La Segunda publicó la denuncia», se menciona en el escrito.
Se añade que “todo lo anterior refleja un gestión presidencial ineficaz y negligente respecto a la permanencia de Manuel Monsalve en un cargo esencial para la seguridad de millones de chilenos«.
El informe también critica el actuar de la exministra Carolina Tohá, acusándola de «deficiencias en liderazgo, transparencia y en la aplicación oportuna de protocolos institucionales«. Se sostiene que «la exministra Tohá tiene responsabilidad directa por su desconocimiento inexcusable de lo que sucedía en su ministerio”.
“Es incomprensible que la Ministra desconociera todo lo ocurrido en el gabinete del exsubsecretario, especialmente dada la gravedad de los hechos y el número de funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que estaban al tanto”, indica el informe.
Se enfatiza que “existían señales que permitían advertir lo que estaba sucediendo, y aun así, la Ministra alegó desconocerlo. Un ejemplo de lo anterior es la falta de referencia del exsubsecretario Monsalve a la agenda del Ministerio del Interior y las policías tras las fiestas patrias, periodo que fue uno de los más violentos en nuestro reciente pasado».
Asimismo, se apunta que «es inexplicable cómo reaccionó la entonces ministra Tohá ante la denuncia contra Monsalve. Aunque la ministra tomó conocimiento del caso el martes, no cuestionó que Monsalve continuara en el ejercicio de sus funciones ni modificó su agenda en ningún aspecto”, se afirma.
Adicionalmente, se menciona que “es incomprensible su comparecencia junto a Monsalve en la discusión presupuestaria en el Congreso Nacional dos días después de conocer la denuncia. Este acto debe ser considerado un atropello al discurso feminista y una imprudencia inexcusable, al legitimar la presencia de un alto funcionario cuestionado en un espacio institucional clave”.
Se concluye que “esta acción debe ser vista como una relativización inaceptable de la denuncia y una decisión que buscaba proteger la imagen del Gobierno en detrimento de la denunciante y la seguridad de millones de chilenos».
Finalmente, se sostiene que «la comunicación oficial del Ministerio fue errática y poco transparente, generando confusión en la ciudadanía y una percepción negativa justificada sobre la actuación del gobierno».
En cuanto a las responsabilidades de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se concluyó que “merece reproche especialmente por su falta de acción inmediata y la ausencia de una postura firme al conocer el caso”.
A pesar de que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género tiene como objetivo central la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género, su intervención en la gestión de este caso fue reactiva, tardía y con falta de protagonismo institucional. Aunque esto podría explicarse por una decisión del propio Presidente, no elimina la responsabilidad de la ministra
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Asimismo, la actuación de la Policía de Investigaciones y Carabineros fue cuestionada, lo cual sorprendió al oficialismo, ya que consideraron que no correspondía responsabilizar a toda una institución. En cuanto a la PDI, se concluyó que “ha quedado en entredicho, principalmente por su deficiente supervisión de los escoltas asignados a la seguridad de una de las más altas autoridades en seguridad pública. La Comisión Especial Investigadora ha expuesto graves omisiones en el cumplimiento de los protocolos de resguardo y una falta de control, lo que permitió que Monsalve estuviera sin custodia en momentos críticos, sin que la institución tomara medidas inmediatas para corregirlo”.
Respecto a Carabineros, se criticó el uso del avión institucional por parte del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para viajar a la región del Biobío: «Esto suscitó una serie de cuestionamientos sobre la gestión de los recursos operacionales y la ausencia de controles efectivos en el traslado de altas autoridades. Se reveló durante la investigación que el vuelo, realizado el 17 de octubre de 2024, se llevó a cabo sin una justificación clara de urgencia y con un costo superior a 3 millones de pesos, lo que generó dudas sobre su legitimidad y conformidad a la normativa vigente».
Finalmente, en relación al exasesor Miguel Crispi, se concluyó que «evidencia fallas en la asesoría presidencial».
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
