El jueves 3 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) tomó una decisión que no solo despedaza a una figura emblemática del Partido Socialista, sino que también genera un debate con posibles repercusiones en las instituciones: con ocho votos a favor y dos en contra, se resolvió la destitución de la senadora Isabel Allende (PS), tras admitir un requerimiento formulado por el Partido Republicano y Chile Vamos, que acusaba la firma de un contrato inconstitucional entre Allende y el Estado.
El origen de esta situación se remonta a la firma por parte de la parlamentaria de un contrato de venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, a una entidad estatal. Aunque la transacción no se llevó a cabo, el Tribunal Constitucional determinó que el simple hecho de haber firmado el contrato representa una violación directa al artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los parlamentarios celebrar contratos con el Estado, bajo la amenaza de un “cese inmediato e inapelable de sus funciones”.
Esta decisión del Tribunal no solo supone un golpe para el Partido Socialista, al perder a una de sus figuras más representativas, sino que también afecta a la administración, dado que el contrato fue aprobado mediante un decreto supremo por el propio Presidente Gabriel Boric. Aunque los pormenores de la resolución del TC aún no se han detallado, los expertos en derecho constitucional coinciden en que sus fundamentos podrían sentar un precedente significativo en el equilibrio entre legalidad y representación democrática.
Posibles repercusiones para el Presidente Boric
Uno de los aspectos más sensibles tras la destitución de Allende es el posible impacto sobre el Presidente de la República. Aunque la Constitución no especifica sanciones automáticas para el jefe de Estado en este tipo de situaciones, sí abre la puerta a un juicio político. Como explicó un abogado consultado por La Tercera, “si se demuestra que el Presidente tuvo un papel crucial en la decisión del Estado de realizar el contrato con una persona no habilitada, esto podría desencadenar una acusación” por notable abandono de deberes o por violación de la Constitución.
Asimismo, el constitucionalista Jorge Barrera advierte que “hay espacio, sin duda, para interpretar que la autorización otorgada por el Presidente para realizar un contrato prohibido por la Constitución, a través de un decreto supremo, implica una violación clara de la Constitución y de las leyes”.
Por su parte, Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales, relativiza los efectos jurídicos pero reconoce la carga política: “Sin duda, esto complica aún más una situación política que ya era difícil”.
¿Cuál es la situación respecto a la investigación penal?
Más allá del ámbito constitucional, el caso también es objeto de una investigación penal liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien examina posibles delitos de fraude al fisco. Sin embargo, varios expertos coinciden en que el veredicto del TC no necesariamente influye de manera directa en el proceso penal.
La académica Alejandra Castillo Ara, directora del Departamento de Derecho Penal de la UDP, puntualizó que “en este caso no hay perjuicio fiscal; de hecho, el tipo [penal] implica un engaño, que en esta ocasión no ocurrió. La compra del inmueble era un hecho público, realizado por las personas inapropiadas, que ignoraron el artículo 60 de la Constitución, pero no constituye un acto ilícito”.
Además, Castillo sostuvo que aunque el fallo del TC puede servir como antecedente, no es decisivo: “Ese es un hecho constatado, que ya ha resultado en la destitución de la parlamentaria, pero no tiene relevancia penal, ya que el delito que se le imputa no existe”.
Adicionalmente, la Contraloría había señalado anteriormente que la compra no se llevó a cabo, lo que evitó un posible perjuicio fiscal. Sin embargo, desde el Partido Republicano, el abogado Raimundo Palamara –autor de la querella que originó el proceso– manifiesta que “de todos modos, [el fallo del TC] confirma los hechos que fundamentan la querella y desacredita la teoría de que no hubo contrato”, añadiendo que “el Presidente Gabriel Boric dio la instrucción para llevar a cabo un acto criminal que es inconstitucional”.
Un precedente irreversible
Más allá del futuro inmediato de los implicados, el caso establece un precedente jurídico y político sin precedentes. El constitucionalista Tomás Jordán enfatiza que “este es un antecedente que tendrá consecuencias, no solo políticas, como se están viendo ahora, sino también jurídicas”, especialmente en lo que respecta al poder que el Tribunal Constitucional puede ejercer en relación al principio democrático cuando se trata de hacer cumplir normas explícitas de la Constitución.
El caso también destaca las distintas consecuencias que puede tener un mismo hecho, dependiendo del ámbito de análisis: en el plano constitucional, la sanción es automática; en el penal, la figura delictual requiere elementos que, por el momento, no parecen cumplirse.
Por ahora, queda claro que Isabel Allende se retira del Senado por una sanción constitucional sin precedentes, y que el gobierno enfrenta un nuevo desafío político, a la espera de una sentencia completa que podría abrir nuevas aristas legales.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
