Durante la sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la jefa de la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, reconoció que su equipo tenía conocimiento de la inhabilidad de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la senadora Isabel Allende para intervenir en el proceso de compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, en Providencia. Sin embargo, aseguró que no era responsabilidad de su división advertir esta situación.
Moya explicó que el decreto para adquirir el inmueble fue emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales el 25 de noviembre de 2024 y permaneció en la Segpres durante tres días, antes de ser firmado por el presidente Gabriel Boric y enviado a Contraloría. Según detalló, la labor de su unidad se limita a la revisión técnico-legal del acto administrativo, por lo que no procedía emitir advertencias sobre posibles conflictos de interés.
La declaración de Moya ocurre en medio de una fuerte controversia por la fallida compra del inmueble, en la que ambas autoridades tenían vínculos familiares directos con el expresidente Allende. El caso ha generado cuestionamientos sobre la debida diligencia del Ejecutivo y las responsabilidades de los distintos actores involucrados en el trámite.
