La Corte Suprema confirmó este lunes, de forma unánime, el desafuero de la diputada Catalina Pérez (Revolución Democrática), en el marco del Caso Convenios. Con esta resolución, el Ministerio Público queda habilitado para formalizar a la parlamentaria por el presunto delito de fraude al fisco.
La medida fue solicitada por la Fiscalía tras vincular a Pérez con la millonaria transferencia de recursos públicos a la fundación Democracia Viva, que en ese momento estaba dirigida por su entonces pareja, Daniel Andrade. Según los antecedentes recabados, la diputada habría intervenido en gestiones clave que facilitaron el convenio, pese a conocer que la organización no cumplía los requisitos exigidos.
El máximo tribunal del país respaldó los argumentos del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE), al considerar que existían antecedentes suficientes para levantar la inmunidad parlamentaria y avanzar hacia la etapa de formalización.
Con este fallo, el caso vuelve a tomar fuerza y pone nuevamente bajo presión al Frente Amplio y al oficialismo, a casi un año del estallido del llamado Caso Convenios, que ha tenido repercusiones políticas significativas y ha abierto múltiples investigaciones en distintas regiones del país.
