La Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados aprobó la petición del legislador Hotuiti Teao para convocar a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez, a raíz de denuncias de acoso laboral y discriminación política en contra de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), Nélida Pozo.
“Quiero expresar mi agradecimiento por la aprobación de esta instancia de fiscalización. Lo que está sucediendo en el Serpat es sumamente preocupante. La señora Nélida Pozo, actual directora del servicio, estaría enfrentando al menos siete demandas de tutela laboral por presuntos malos tratos, hostigamiento y discriminación política hacia los funcionarios”, declaró el parlamentario.
En este contexto, afirmó que “una de las denunciantes se encuentra actualmente hospitalizada y en tratamiento psicológico debido al acoso recibido. Si estos hechos se confirman, estaríamos ante situaciones extremadamente graves y en contravía de todo estándar de probidad y buen trato en el ámbito público”.
Asimismo, mencionó que “se ha denunciado que Cristina Gálvez, expresubdirectora de Patrimonio Cultural Inmaterial, fue denostada públicamente y discriminada. También Jimena Asenjo, excoordinadora del Programa de Sitios de Memoria, habría sido removida de su cargo y posteriormente desvinculada por motivos ideológicos.”
“A esto se suman las denuncias de tres funcionarios en Antofagasta que habrían presentado demandas por acoso laboral y enfermedades profesionales, en un escenario donde la dirección no ha tomado medidas preventivas ni correctivas”, añadió.
Y resaltó que “si se comprueban estas situaciones, demostrarían un patrón inaceptable de vulneración de derechos laborales dentro del servicio”.
Además, el legislador especificó que, durante la gestión de Pozo en el Parque Cultural de Valparaíso, entre 2017 y 2023, “habría habido al menos 15 casos de tutela laboral por despidos injustificados. Asimismo, se ha denunciado que el entonces presidente del directorio, Sebastián Redolés, fue hostigado y amenazado después de reportar supuestas irregularidades financieras. Si se confirma esto, estaríamos ante un historial que el Ejecutivo no puede ignorar”.
“Según la información de la Asociación Nacional de Trabajadores del Patrimonio, hay 65 sumarios administrativos activos, algunos de los cuales no han sido resueltos desde hace más de cuatro años. Si esto es correcto, estaríamos ante una gestión caracterizada por la omisión y la falta de control”, enfatizó.
Finalmente, subrayó que “por ello, es crucial que la ministra Arredondo y la subsecretaria Pérez aclaren si estaban al tanto de estos hechos, por qué se habría mantenido en el cargo a una autoridad con este historial y qué medidas concretas están tomando para asegurar un ambiente de respeto, sin discriminación y legalidad en el Serpat. No solo está en juego el bienestar de los funcionarios, sino la integridad del sistema cultural público”.
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