Las reacciones políticas no se han hecho esperar tras los trágicos eventos ocurridos en el estadio Monumental, donde una joven de 18 años y un niño de 13 perdieron la vida antes del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Actualmente, miembros de la oposición están considerando una acusación constitucional contra Gonzalo Durán, el delegado presidencial de la región Metropolitana, a quien culpan por las fallas en el dispositivo de seguridad.
El diputado Henry Leal, líder de la bancada de la UDI, indicó a La Tercera que “hay una serie de graves hechos que nos llevan a evaluar una acusación constitucional”. Según él, el delegado es uno de “los principales responsables de lo sucedido”.
El trágico incidente, que dejó dos víctimas fatales aplastadas por una valla metálica en medio del descontrol en los accesos, ha puesto en tela de juicio la actuación de las autoridades. El conductor de un vehículo policial que supuestamente pasó sobre la estructura está actualmente imputado.
Desde RN, el diputado Eduardo Durán comentó que “no solo falló la organización, la autoridad que debía proteger a las familias en el estadio también falló”, añadiendo que “esto no es una omisión menor, sino una clara irresponsabilidad política”.
Por su parte, Jorge Guzmán (Evópoli) criticó la planificación del operativo, calificándola como “un total fracaso”. También mencionó que si se confirma que las medidas de seguridad “fueron comunicadas solo dos horas antes del evento, deberá renunciar de inmediato”.
Catalina del Real (Republicanos) también cuestionó la actuación de Gonzalo Durán durante los incidentes, afirmando que “el delegado presidencial estaba en el estadio disfrutando del partido mientras afuera había turbas destruyendo las rejas”, lo que evidencia, a su juicio, un “claro abandono de deberes que justifica su destitución”.
Asimismo, el diputado Roberto Arroyo (Partido Social Cristiano) expresó su voluntad de apoyar cualquier acción legislativa que se presente en caso de que se elabore un libelo acusatorio. “Él no tiene las competencias necesarias para estar a cargo de la seguridad de la región Metropolitana”, afirmó.
Con el paso de los días, la presión política aumenta para que el Ejecutivo ofrezca explicaciones sobre los eventos y revise las responsabilidades administrativas durante un operativo que, según la oposición, fracasó en todos sus niveles.
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