La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley que busca restringir el uso de efectivo en los pagos a abogados que representen a imputados por delitos graves, como narcotráfico, terrorismo, corrupción y asociación ilícita. La iniciativa fue respaldada de forma unánime y plantea que estos honorarios solo podrán ser pagados mediante medios electrónicos o cheques, con el fin de garantizar el origen legal de los fondos.
El proyecto, que fusiona mociones de los diputados Jaime Araya (Ind.-PPD) y Juan Manuel Fuenzalida (UDI), establece que los pagos deberán acreditarse ante los tribunales una vez finalizada la representación legal. La medida también otorga nuevas facultades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que podrá acceder a información sobre estos pagos, según lo aprobado con 109 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
“Queremos terminar con el uso de dinero ilícito para costear defensas penales. No puede seguir ocurriendo que abogados reciban millones en billetes provenientes del narcotráfico o la corrupción”, señaló el diputado Araya.
La normativa contempla sanciones de entre seis meses y un año de suspensión para los abogados que no cumplan con las nuevas exigencias. La Defensoría Penal Pública queda excluida de la medida. Además, la Comisión de Seguridad Ciudadana amplió el alcance de la iniciativa, extendiéndola a los pagos de cauciones, como la libertad bajo fianza.
Aunque la mayoría de los parlamentarios respaldó la propuesta, algunos manifestaron dudas sobre su efectividad. La diputada Maite Orsini (RD), por ejemplo, advirtió que “los imputados encontrarán otras formas para evadir la norma”. Otros legisladores lamentaron que no se haya incluido el levantamiento del secreto bancario como herramienta adicional para fiscalizar los flujos de dinero.
El proyecto ahora continuará su tramitación en el Senado, en medio de un contexto de creciente preocupación por el avance del crimen organizado y la penetración de recursos ilícitos en el sistema judicial.
