El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al proyecto de ley propuesto por el diputado Jaime Mulet, que intento eliminar las multas a los conductores que circulen sin el sistema de tag habilitado en las autopistas concesionadas, ha sido visto por diversos actores del sector público y privado como un alivio temporal para el modelo de concesiones en infraestructura. A pesar de no conseguir los votos necesarios para avanzar, la iniciativa encendió una alerta fuerte en la industria.
Desde distintos ámbitos, se advirtió que la aprobación de este tipo de modificaciones generaría incertidumbre en el sistema de financiamiento de obras públicas, lo que podría frenar futuras inversiones. La presidenta del Consejo de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Sonia Tschorne, fue contundente al señalar en el diario El Mercurio que el proyecto “genera desincentivos para que los proyectos en licitación y en cartera no prosperen”, advirtiendo que incluso podría encarecer significativamente las obras en curso.
En la misma línea, el director general de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, expresó que la propuesta era “muy perjudicial para un modelo que ha resultado exitoso en la financiación de obras” y que su aprobación podría “provocar un gasto fiscal enorme en un contexto económico difícil para el país”.
Durante un seminario organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle también contribuyó a las críticas, enfatizando que “sin ese sistema, sin tag, no hay concesiones, así de simple”. Según él, propuestas como esta podrían “liquidar automáticamente todo lo relacionado con concesiones”.
El presidente del Colegio de Ingenieros, Hernán de Solminihac, advirtió que el proyecto de Mulet “representa un duro golpe a la industria de las concesiones”, ya que altera reglas establecidas y compromete la certeza jurídica para los inversionistas. Similarmente, Leonardo Daneri, expresidente de Copsa, alertó que si la propuesta avanza, “la industria desaparece”.
El impacto económico no es trivial. Para el bienio 2025-2026, el MOP tiene previsto una cartera de 15 proyectos de concesión por un total de US$ 7.898 millones, muchos de los cuales podrían quedar en suspenso ante escenarios de incertidumbre regulatoria. Desde la CChC, su presidente Alfredo Echavarría fue claro: si el sistema actual se desmorona, “tendremos que reinstaurar barreras y casetas de pago en las carreteras”.
Por su parte, el diputado Jaime Mulet defendió su propuesta, aclarando que no pretendía liberar a los automovilistas de sus pagos, sino “modificar el modelo actual”. Sin embargo, existe un consenso entre los actores del sector: alterar el sistema de cobro sin un reemplazo viable pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema.
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