El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha condenado a José Omar Soto Valdés a 10 años y un día de prisión, además de las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos y oficios públicos, así como para ejercer derechos políticos, y una inhabilitación absoluta para practicar profesiones titulares mientras dure la condena, como autor del delito consumado de homicidio simple, perpetrado en la comuna de La Pintana en marzo de 2022.
De manera unánime, el tribunal también impuso al acusado una pena de 541 días de prisión y la medida accesoria de suspensión de cargo y oficio público durante el tiempo de la condena, por el delito consumado de lesiones graves.
El tribunal determinó, más allá de toda duda razonable, que el 11 de marzo de 2022, «en la vía pública, frente al domicilio situado en El Trombón N°1154, comuna de La Pintana, durante la noche, José Soto Valdés y un acompañante, con un arma de fuego y sin provocación previa, dispararon en varias ocasiones contra Jonathan Orellana Peña y Jimmy Salgado Orellana«.
Como resultado de este ataque, Orellana Peña falleció a causa de un «shock hipovolémico, resultado de la sección de una arteria y una vena tibial posterior derecha, provocada por traumatismo en la extremidad inferior derecha a causa de un único proyectil balístico con salida».
Por su parte, Salgado Orellana sufrió una «fractura expuesta de pilón tibial por bala, de carácter grave«.
Adicionalmente, el imputado deberá cumplir tres penas de 61 días de prisión y la suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas, por ser autor de tres delitos consumados de maltrato de obra a funcionarios de la Policía de Investigaciones, ocurridos en julio de 2022 en la comuna de La Granja.
Durante la noche del 25 de julio de ese año, «en la intersección de pasaje Crepusculario con José Santos González Vera, comuna de La Granja, José Soto Valdés, al ser detenido por personal de la Brigada de Homicidios, ya que contaba con una orden de detención vigente, se resistió a la detención agrediendo al inspector Sebastián Bustos Péndola, al subinspector Jorge Zamorano Salazar y al subinspector Diego Fernández Bugueño, todos funcionarios de la Brigada de Homicidios en el cumplimiento de sus funciones».
Es importante mencionar que, una vez que el fallo adquiera firmeza, el tribunal ordenó que se realicen muestras biológicas del sentenciado para determinar su perfil genético e incluirlo en el registro nacional de ADN de condenados.
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