Después de casi dos años de trabajo conjunto entre el Ministerio Público, la PDI y Aduanas, se logró desarticular una red criminal internacional responsible del robo de cables y diversos insumos de cobre en diferentes localidades de Chile, que procesaba y comercializaba ilegalmente dichos materiales en el extranjero.
Los investigadores de la Brigada de Investigación Criminal La Serena, junto con la Fiscalía de Focos Investigativos de Coquimbo, pudieron establecer cómo funcionaba este negocio ilegal, que contaba con la participación de implicados tanto nacionales como extranjeros que operaban en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
“La operación ‘Oro Rojo’ resultó en la desarticulación de esta organización criminal tras un exhaustivo trabajo de análisis e inteligencia policial, coordinado por el Ministerio Público en colaboración con la Brigada de Investigación Criminal La Serena, la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana y la Fuerza de Tarea del Cobre de la PDI”, afirmó el prefecto inspector Ernesto León, jefe de la Región Policial de Coquimbo.
“Los detectives de nuestras unidades territoriales realizaron intervenciones en más de 20 domicilios, deteniendo a 18 sospechosos y confiscando 160 millones de pesos en efectivo, así como en divisas internacionales como euros, reales y dólares, además de 10 vehículos”, agregó.
Se incautaron más de 50 mil kilos de cobre en diversas presentaciones, incluyendo cátodos, láminas, lingotes y cables eléctricos, entre otros materiales. Este grupo criminal mantuvo estos insumos en varias etapas del proceso, desde el acopio y la fundición hasta el reciclaje y embalaje para su exportación a India y Bélgica.
De igual forma, en junio de 2024, una fiscalización realizada por la Aduana Regional de Valparaíso permitió descubrir el intento de exportación ilegal de cobre, al detectar inconsistencias en la documentación presentada por la empresa dueña de la mercancía. De inmediato, se confiscó el metal, que consistía en 22.635 kilos de cobre, valorados en más de 171.557 dólares.
La mercancía consistía en 19 pallets con grandes lingotes dentro de un contenedor, destinados a ser enviados desde el puerto de Valparaíso a Europa.
Con toda la información recopilada, Aduanas realizó una denuncia por el delito de declaración maliciosamente falsa del origen de la exportación, conforme a lo dispuesto en la Ordenanza de Aduanas, la cual prevé penas de prisión de hasta 10 años, así como multas que podrían oscilar entre 2 y 5 veces el valor de la mercancía ilícita.
“Las audiencias en el Juzgado de Garantía de Coquimbo se extendieron por más de cuatro días, donde se formalizó a 18 acusados y se solicitaron 15 prisiones preventivas, todas concedidas por el Tribunal. Esto pone de manifiesto la solidez del trabajo de la PDI en colaboración con la Fiscalía SACFI, que pudo comprobar delitos tributarios y aduaneros, receptación reiterada, lavado de activos y asociación ilícita”, explicó el fiscal de la Región de Coquimbo, Patricio Cooper.
“Este es solo el comienzo de otras investigaciones relacionadas con el robo de cobre en Chile, y constituye un golpe significativo para que estas personas se den cuenta de que pueden ser alcanzadas por la Justicia”, añadió.
Alrededor de 200 detectives participaron en esta operación en varias localidades, incluyendo Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, La Cruz, Quilicura y Lampa, cumpliendo con la orden judicial de entrada y registro en más de 20 domicilios.
“Nos hemos constituido como querellantes por el delito de contrabando, al intentar comercializar mercancía de origen ilícito, así como por la declaración maliciosamente falsa de mercancía, que se pretendía presentar como chatarra, cuando en realidad eran lingotes de cobre”, señaló Pablo Zambrano, director de Aduanas de la Región de Coquimbo.
“Es fundamental destacar el esfuerzo interinstitucional y el intercambio de conocimientos entre diversas entidades para hacer frente al Crimen Organizado a nivel nacional, especialmente en una ruta de exportación hacia los mercados europeo y asiático que también se está investigando en otras regiones”, resaltó.
“Las diferentes instituciones que conforman el Consejo contra el Crimen Organizado hemos decidido priorizar este delito debido al impacto que tiene en la calidad de vida de miles de personas, sobre todo en áreas rurales. Estamos en una de las regiones con mayor incidencia de robos de cables en el país”, afirmó Galo Luna, delegado presidencial Regional de Coquimbo.
“Agradecemos el excelente trabajo realizado por la PDI y el Ministerio Público, y continuaremos colaborando con estas instituciones para perseguir a los delincuentes, ponerlos a disposición de la Justicia y recuperar la tranquilidad de las comunidades afectadas, que merecen vivir en un entorno seguro, tal como es una prioridad para el Presidente Gabriel Boric y su Gobierno”, concluyó.
(Imágenes: Aduana)
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