El Senado ha aprobado y enviado a la Cámara de Diputados un proyecto que establece normas generales sobre las reglas de uso de la fuerza (RUF) aplicables al personal de las fuerzas de orden y seguridad, así como a las Fuerzas Armadas cuando se requiera su intervención.
Este proyecto comenzó a ser discutido en la sesión del martes, donde se realizaron 24 votaciones, y continuó el miércoles con otras 11, entre las que destacó una indicación que intentaba restaurar las atribuciones de la justicia militar en caso de causas en contra del personal de las fuerzas armadas y de orden, la cual fue finalmente rechazada por falta de quórum.
Asimismo, la Sala se pronunció sobre otros 10 temas, la mayoría de los cuales fueron aprobados según lo acordado por las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública.
Se ratificó la norma que regula el mantenimiento del orden público o de seguridad interior, así como la protección de instalaciones militares, que establece ocho reglas sobre el uso de la fuerza para el personal militar.
Sin embargo, se eliminó un inciso de la cuarta regla que hacía referencia al uso de dispositivos no letales, como proyectiles de pintura, gas pimienta, lacrimógenos y agua. Este inciso señalaba que “se debe evitar apuntar y disparar armamento directamente al rostro, cabeza o torso por encima de la parte baja del abdomen de cualquier persona”.
También se aprobó con modificaciones el inciso que regula el uso de la fuerza para proteger infraestructura crítica, permitiendo el uso de fuerza letal cuando sea necesario para evitar daños graves e inminentes a dicha infraestructura.
Además, se aprobó una norma que exonera de responsabilidad penal al personal de las fuerzas de orden y seguridad pública o de las fuerzas armadas que actúe conforme a las reglas de uso de la fuerza establecidas.
Igualmente, se aprobó una norma referente a las medidas disciplinarias y a los peritajes en los procedimientos relacionados con el uso de la fuerza policial o militar.
PROPORCIONALIDAD Y GRADUALIDAD
Uno de los aspectos más controversiales del proyecto fue el rechazo al principio de proporcionalidad, que estipulaba que «el nivel de fuerza utilizado debe ser proporcional a la intensidad de la resistencia o agresión enfrentada por el personal. La proporcionalidad no requiere igualdad en los medios usados, y en cualquier circunstancia, se debe garantizar la superioridad del personal, protegiendo su seguridad y la de otros».
Además, se rechazó la redacción recomendada por las comisiones unidas sobre el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, manteniendo la norma previamente aprobada en la Cámara de Diputados. Se acordó también reemplazar el término «etapas» por «grados» en relación al uso de la fuerza.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, senador José Miguel Durana, destacó que «hemos rechazado el principio de proporcionalidad y hemos mantenido el requisito de racionalidad en el uso de la fuerza. Además, rechazamos la propuesta del Ejecutivo que buscaba establecer grupos de especial protección. Se permitirá el uso de la fuerza letal para prevenir daños graves e inminentes a la infraestructura crítica».
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que «es importante destacar que la esencia del proyecto relacionado con las reglas de uso de la fuerza se sostiene en propósitos compartidos tanto por el gobierno como por la oposición. Es cierto que hay discrepancias sobre ciertos aspectos, pero hay un amplio consenso en los temas fundamentales«.
En cuanto a las diferencias de opinión, el ministro mencionó que «hay desacuerdos sobre la aplicación de determinados principios, que son cuestiones legales bastante técnicas. Mientras que la oposición considera que el principio de racionalidad es suficiente para el ejercicio de las reglas de uso de la fuerza, el Ejecutivo considera que es necesario incorporar el principio de proporcionalidad, que se relaciona con la acción al ejercer la fuerza».
A raíz del rechazo de los principios de proporcionalidad y gradualidad, los senadores Daniel Núñez (PC) y Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio) esperan que el Gobierno presente un veto presidencial para reponer estos aspectos al finalizar la tramitación del proyecto, que podría ser enviado a una comisión mixta.
«El rechazo de los principios de proporcionalidad y gradualidad por parte de la derecha desestabiliza las reglas de uso de la fuerza y podría generar un caos en su aplicación por parte de las fuerzas armadas y policiales. Por lo tanto, considero viable que este proyecto de ley sea vetado por el Ejecutivo», indicó Núñez.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
