En junio de 2024, un operativo de fiscalización realizado por la Aduana Regional de Valparaíso reveló un intento de exportación ilegal de cobre. Esto se debió a una serie de inconsistencias y omisiones encontradas en la documentación presentada por la empresa consignataria de la mercancía que pretendía salir del país por vía marítima.
La revisión exhaustiva de toda la información proporcionada por el exportador determinó que el metal había de ser incautado. Se trataba de 22.635 kilos de cobre, valorados en 171.557 dólares, que consistían en 19 pallets con lingotes de gran tamaño dentro de un contenedor, destinados a ser enviados desde el puerto de Valparaíso hacia Bélgica.
La Aduana presentó una denuncia por el delito de declaración maliciosamente falsa sobre el origen de la exportación, tipificado en la Ordenanza de Aduanas, que contempla penas de prisión de hasta 10 años y multas que oscilan entre 2 y 5 veces el valor de la mercancía ilegal.
Braulio Cubillos, Director de la Aduana Regional de Valparaíso, destacó que el objetivo de este trabajo es avanzar en la erradicación del delito de robo de cobre, abordando todas las problemáticas involucradas. En este caso, también se descubrió un intento de exportar metal robado. Esta labor se realiza en todo el país, y se intercambia información entre las Aduanas para combatir con todas las herramientas legales este tipo de delitos que afectan la seguridad nacional.
Esta investigación aduanera complementa un proceso más amplio llevado a cabo por la Fiscalía Regional de Coquimbo y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de La Serena, que tras cerca de dos años de trabajo logró desarticular una estructura criminal internacional vinculada al robo de cables y productos de cobre en varias ciudades de Chile, incluyendo Calama, Antofagasta, La Serena, Coquimbo, La Cruz, Quilicura y Lampa, entre otras.
Se detuvo a 18 personas y se incautaron más de 50 mil kilos de cobre en diversas presentaciones, como cátodos, láminas, lingotes y cables eléctricos. Esta organización se encargaba de procesar el material ilegal, abarcando desde el acopio y fundición hasta el reciclaje, fabricación, traslado y embalaje para su exportación a India y Bélgica.
“Las diferentes instituciones del Consejo contra el Crimen Organizado hemos decidido priorizar este delito debido a su impacto en la calidad de vida de miles de personas, especialmente en zonas rurales. Somos una de las regiones más afectadas por el robo de cables,” comentó Galo Luna, Delegado Presidencial Regional de Coquimbo.
“La audiencia en el Juzgado de Garantía de Coquimbo se extendió durante más de cuatro días para formalizar a 18 imputados, logrando 15 prisiones preventivas solicitadas por el Ministerio Público, todas aprobadas por el Tribunal. Esto pone de manifiesto la fortaleza del trabajo conjunto entre la PDI y la Fiscalía SACFI, que logró demostrar delitos tributarios y aduaneros, receptación reiterada, lavado de activos y asociación ilícita,” explicó el Fiscal de la Región de Coquimbo, Patricio Cooper.
“La Operación Oro Rojo logró desarticular esta organización criminal tras una labor compleja de análisis e inteligencia policial, conducida por el Ministerio Público y en colaboración con la Brigada de Investigación Criminal La Serena, la Brigada de Lavado de Activos Metropolitana y la Fuerza de Tarea del Cobre de la PDI,” informó Ernesto León, prefecto inspector y jefe de la Región Policial de Coquimbo.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
