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Recientes revelaciones indican que la Policía de Investigaciones (PDI) logró interceptar el celular de Miguel Crispi, exjefe de asesores del segundo piso, lo que ha llevado a un desarrollo significativo en el caso sobre la fallida compraventa de la casa de Allende en Providencia. Esta mañana se dio a conocer que el fiscal Patricio Cooper intentó allanar la sede del Gobierno para incautar dicho dispositivo.
Según reportó Meganoticias, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó el 27 de febrero la solicitud de Cooper para incautar los teléfonos de Crispi y otros funcionarios del Gobierno involucrados en el caso. Además, se planeaba realizar un allanamiento en el Congreso y el Ministerio de Defensa para confiscar los celulares de Isabel Allende y Maya Fernández.
El fiscal fundamentó su solicitud de medidas intrusivas tras conocer el contenido de una conversación telefónica entre Crispi y su madre, la socialista Claudia Serrano, el 7 de enero de este año. La PDI había interceptado el teléfono del excolaborador del Presidente en el contexto de las indagaciones relacionadas con el caso «ProCultura».
Además de los teléfonos de Crispi, Allende y Fernández, la Fiscalía también buscaba acceder a los dispositivos del abogado de la familia Allende, Felipe Vio Lyon, del exjefe del seguimiento de la Secretaría General de la Presidencia, Leonardo Moreno, y de la abogada del gabinete presidencial, Bernardita Nazar.
Si no se encontraban los dispositivos en posesión de estas personas, el fiscal solicitó autorización para realizar registros sin previo aviso en los lugares donde residieran o trabajaran, como el Palacio de La Moneda, el Ministerio de Defensa y el Congreso Nacional.
Según la información obtenida en la investigación, el abogado Felipe Vio habría instado a la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, a incrementar el valor de la tasación de la casa de Salvador Allende hasta las 24.291 UF (más de 2 mil UF sobre la oferta original).
Por su parte, Felipe Moreno era responsable de supervisar el proceso de compra de la propiedad del exmandatario socialista y de alertar sobre posibles complicaciones legales. Ambos funcionarios del equipo de seguimiento de compromisos presidenciales renunciaron a sus puestos tras el estallido del escándalo.
Entre las razones expuestas por el tribunal para rechazar la solicitud destacan:
– Se debe señalar que, a diferencia de lo que argumenta el ente persecutor, no se presume la participación de estos funcionarios en los hechos debido a los claros vínculos o afinidades políticas entre ellos (…) lo que constituye una violación del derecho penal moderno relacionado con la autoría.
– No se aportaron antecedentes que sugirieran presiones indebidas respecto al avalúo del inmueble, ya que la presentación de objeciones al precio de tasación no se puede considerar como tal, sino como una petición legítima del vendedor en cualquier proceso de compra, incluso en casos de expropiación.
La respuesta del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago concluyó con un «no ha lugar a la solicitud del ente persecutor, ya que no se encuentra debidamente fundamentada respecto a la existencia del ilícito, sin perjuicio de futuras solicitudes con más antecedentes.»
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
