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Delaney Hall es solo un ejemplo de las diversas instalaciones que reanudarán sus operaciones en los próximos meses.
En Texas, CoreCivic, una empresa privada, firmó recientemente un acuerdo para reabrir el centro de detención de inmigrantes en Dilley, que anteriormente acogía a familias con niños detenidos por ICE. Situado a unos 135 kilómetros de Laredo, en la frontera con México, el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas de Dilley planea ofrecer al gobierno aproximadamente 2.400 camas.
Este centro fue utilizado durante la presidencia de Barack Obama y la primera administración de Donald Trump. Sin embargo, durante el mandato de Joe Biden, se redujo gradualmente la detención de familias allí, convirtiéndolo en un centro de detención para adultos. CoreCivic informó que la instalación quedó inactiva en 2024 tras finalizar su contrato.
Se espera que el centro albergue nuevamente a familias bajo un nuevo contrato, según Henry Arredondo, administrador de la ciudad de Dilley, quien, al igual que ICE, ha descrito el lugar como "limpio y organizado".
"Las personas que estarán allí están pasando por una experiencia difícil. Pero es fundamental que se les trate con dignidad y respeto", comentó Arredondo a la Radio Pública Nacional (NPR).
Los nuevos contratos otorgados en los últimos meses coinciden con los esfuerzos de la Casa Blanca por intensificar su estrategia contra la migración irregular, con el objetivo de deportar al menos a un millón de los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en el país.
Alcanzar esta meta es complicado, ya que no solo requiere aumentar los arrestos de indocumentados, sino también ampliar la capacidad de las instalaciones para mantener a los detenidos mientras esperan su deportación.
Para cumplir con los planes de Trump, Tom Homan, su "zar fronterizo", declaró que se necesitan al menos 100,000 camas para alojar a los migrantes, más del doble de la capacidad actual.
En este contexto, el papel de las empresas privadas resulta fundamental. Sin embargo, el aumento de los nuevos contratos requiere más financiamiento. En este momento, la administración busca que el Congreso, de mayoría republicana, apruebe un incremento en los recursos necesarios para implementar su política de deportaciones.
Los expertos estiman que el costo diario de mantener detenido a un adulto es de aproximadamente 165 dólares por cama. Según datos oficiales, la población de detenidos por ICE creció de 39,000 en enero a cerca de 48,000 a principios de abril, alcanzando su nivel más alto en cinco años y superando las 41,500 camas con financiación actual.
Recientemente, ICE solicitó autorización para agilizar los procesos de contratación y acelerar acuerdos con centros de detención en California, Michigan y otros estados. Además, la administración de Trump hizo un llamado a empresas privadas para que presenten propuestas destinadas a expandir la red de centros de detención, transporte, seguridad, atención médica y otros servicios, por un valor de hasta 45,000 millones de dólares en los próximos dos años.
En medio de las críticas por condiciones de hacinamiento en algunos centros, la necesidad de aumentar el número de camas disponibles es urgente para la Casa Blanca. En meses recientes, el gobierno recurrió a instalaciones militares, como la Estación Naval de Guantánamo en Cuba, desde donde partió en marzo el primer vuelo de venezolanos deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. No se ha confirmado si el gobierno tiene planes de seguir utilizando esta estación u otros recintos militares.
"LOS CONTRATOS SON MUY LUCRATIVOS"
Brett Burkhardt, profesor asociado de Sociología en la Universidad Estatal de Oregón, ha investigado el papel de GEO Group y CoreCivic en el sistema carcelario de Estados Unidos. Como estas empresas cotizan en bolsa, deben ser transparentes sobre sus resultados y rendir cuentas a sus accionistas. Su negocio abarca todo el sistema penitenciario estadounidense, y aunque no solo se limita a los centros de detención de migrantes, estos últimos se han convertido en una parte importante de sus ingresos en años recientes.
"Los contratos son muy lucrativos", afirma Burkhardt en una entrevista con BBC Mundo. Actualmente, cerca del 70% de todos los migrantes detenidos están en centros operados por diferentes corporaciones privadas.
El negocio relacionado con los migrantes no se limita únicamente a los centros de detención. Las empresas también proporcionan servicios de transporte y monitoreo electrónico para migrantes que están en libertad mientras esperan una audiencia en los tribunales.
Burkhardt destaca una preocupación respecto a la influencia de estas compañías en la gestión de los centros de detención, ya que tienen incentivos económicos para financiar campañas políticas que promuevan medidas migratorias más severas.
Bianca Tylek, directora ejecutiva de la organización WorthRises y autora del libro "La industria penitenciaria: cómo funciona y quién se beneficia", señala: "Han gastado millones de dólares en apoyar campañas políticas que benefician su negocio".
Además, subraya que la rentabilidad de estas operaciones se basa en mantener el mayor número posible de personas detenidas y en minimizar costos en los servicios ofrecidos a los detenidos. Aunque este enfoque es evidente en todo el sistema penitenciario estadounidense, en los centros de detención para migrantes, la situación es más alarmante, ya que "tienen menos derechos y pueden ser más vulnerables a abusos".
La reducción de costos se traduce en condiciones de vida que no cumplen con los estándares mínimos requeridos para los centros de indocumentados, advirtió Setareh Ghandehari, directora de promoción de Detention Watch Network. Desde hace tiempo se han denunciado las precarias condiciones de vida en estos sitios.
Ghandohari señala que los migrantes a menudo no tienen acceso a los servicios médicos necesarios, y las instalaciones carecen de mantenimiento, mientras que los baños y la higiene general son inaceptables. "Hemos visto abusos en varios centros de detención", afirmó.
"SOMOS SUPERVISADOS POR EL GOBIERNO"
Un portavoz de GEO Group aseguró a BBC Mundo que en las últimas cuatro décadas, la empresa ha colaborado con siete administraciones y que, en todos los casos, "nuestros servicios contratados son supervisados por el gobierno federal" para garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales de detención aplicables a todos los centros de ICE. Los servicios incluyen acceso a atención médica las 24 horas en ciertas instalaciones, donde GEO proporciona servicios médicos, seguridad, mantenimiento y alimentación, así como acceso a actividades recreativas y asesoría legal.
Por su parte, CoreCivic declaró que su misión es "atender a cada persona con respeto y humanidad, garantizando el debido proceso legal al que tiene derecho". "Estamos comprometidos a brindar atención de alta calidad a quienes se encuentran en nuestras instalaciones", comentó Ryan Gustin, director de Asuntos Públicos de la compañía.
"Nuestras instalaciones están sujetas a múltiples niveles de supervisión y son monitoreadas de cerca por nuestros socios gubernamentales para asegurar el cumplimiento de políticas y procedimientos", añadió.
Además, la empresa aseguró que respeta los derechos humanos de los detenidos, incluyendo "derechos legales, seguridad, atención médica, visitas y calidad de vida".
ICE fue contactado por BBC Mundo para este artículo, pero no se ha recibido respuesta hasta el momento.
Un análisis realizado por un organismo de control federal sobre registros de inspección de 17 centros de ICE entre los años fiscales 2020 y 2023 reveló evidencias de atención médica deficiente en más de la mitad de las instalaciones y violaciones a las normas de salud y seguridad ambiental en más de un tercio, según reportó el Washington Post.
Lo que queda claro es que, para implementar su ambiciosa política de deportaciones, el gobierno de Trump necesita asegurar la financiación necesaria para incrementar la cantidad de arrestos de indocumentados y contar con suficientes instalaciones para albergarlos. Esta será una batalla que probablemente se libra en el Congreso en los próximos meses, con el objetivo de cumplir la promesa electoral de Trump de llevar a cabo "la mayor deportación" de migrantes en la historia de Estados Unidos.
(Imagen: BBC)
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
