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Durante su Cuenta Pública 2024, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, subrayó la «convicción democrática» del Ministerio Público en la investigación de delitos graves, refiriéndose en particular al controvertido «Caso Convenios», que ha generado tensiones con el Gobierno.
Valencia señaló que «este fenómeno ha sacudido la confianza de la ciudadanía y puesto en duda la transparencia de las relaciones entre entidades públicas y fundaciones privadas, representando un punto de inflexión en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones.”
Además, añadió que “no solo se ha puesto en juego la legalidad de ciertos actos administrativos, sino también la legitimidad del Estado y su capacidad para asegurar un uso adecuado y justo de los fondos públicos destinados al desarrollo social».
«Frente a esta situación, el Ministerio Público asumió el reto con la responsabilidad y rigor necesarios. Reconociendo la magnitud del caso y su impacto en la sociedad chilena, adoptamos una estrategia de persecución penal que prioriza la coordinación, la especialización y la acción decidida«, explicó el fiscal.
Añadió que «la investigación se intensificó con la formalización de las Fuerzas de Trabajo, anunciada en junio de 2024 por la Unidad Especializada en Anticorrupción, Infracción a la Probidad y Lavado de Activos”.
Detalló que «estas unidades están formadas por 81 funcionarios policiales a nivel nacional y son lideradas por un prefecto de la PDI. Al mismo tiempo, el Ministerio Público organizó capacitaciones y coordinaciones para fortalecer el trabajo de sus equipos: fiscales, policías y equipos de la Policía de Investigaciones».
«La estrategia institucional ha amalgamado investigaciones intensivas con coordinación judicial, territorial y formativa. Hasta abril de 2025, los resultados del trabajo del Ministerio Público en el ‘Caso Convenios’ evidencian una persecución penal sostenida y efectiva”, afirmó.
“Hasta la fecha, 45 personas han sido formalizadas, cinco de ellas en más de un caso, elevando el total a 50 formalizaciones. Además, hay cuatro personas con audiencias de formalización ya solicitadas y un total de 134 RUC vinculados al fenómeno delictivo, lo que muestra la magnitud y dispersión del caso», agregó.
Valencia destacó que «se han realizado 25 audiencias de formalización y se ha solicitado prisión preventiva para 25 imputados, lo que ilustra la gravedad de los hechos bajo investigación y el sustento probatorio. El total investigado en el país supera los $70 mil millones, y se han presentado dos solicitudes de desafuero contra autoridades con fuero parlamentario, en las regiones de La Araucanía y Antofagasta».
El Fiscal Nacional enfatizó que en 2024, la Fiscalía reafirmó su «compromiso institucional, convicción democrática y determinación en la persecución penal de los delitos más graves que han sacudido a la opinión pública nacional e internacional».
Asimismo, aseguró que «no hemos dudado en investigar con el mismo rigor a redes de corrupción de alto nivel, como en los “Casos Convenios”, “Caso Hermosilla” o los crímenes internacionales, como el secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda«.
A su juicio, «la misma determinación ha guiado las investigaciones sobre crimen organizado, como el caso del brazo del Tren de Aragua en Arica, ‘Los Gallegos’, donde se imputó a decenas de miembros por planear atentados y llevar a cabo actos delictivos con una violencia sin precedentes”, añadió.
También mencionó que “esta rigurosidad ha caracterizado la investigación de casos dolorosos para el país, como el asesinato de tres carabineros en abril del año pasado y los incendios en Valparaíso que causaron muchas muertes».
Además, destacó que han «actuado con firmeza en casos que involucran a autoridades públicas, como el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, la exalcaldesa Cathy Barriga y el exalcalde Daniel Jadue«.
«La Fiscalía ha combatido la impunidad sin excepciones, guiándose únicamente por el mandato constitucional de dirigir la investigación y proteger a víctimas y testigos«, sentenció.
En otro aspecto, Ángel Valencia destacó que en noviembre de 2023, dentro del plan «Calles sin Violencia», «se estableció el proyecto ECOH, Equipos de Crimen Organizado y Homicidios: una respuesta innovadora y multidisciplinaria para abordar homicidios, secuestros y delitos relacionados con el crimen organizado».
Estos equipos han gestionado un total de mil 586 casos a nivel nacional, con presencia en 10 regiones del país.
Respecto a infraestructura, Valencia mencionó que en 2024 se avanzó en la construcción de fiscalías locales en Parral, Carahue, Puerto Varas y Río Negro. También se mejoró y amplió la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena.
En diciembre, la Fiscalía Metropolitana Occidente y el Municipio de Maipú acordaron ceder un terreno municipal para la nueva Fiscalía de Maipú-Cerrillos y la Fiscalía Regional, además de establecer tres nuevas fiscalías en zonas fronterizas: Colchane, Cabo de Hornos y San Pedro de Atacama.
Valencia también abordó el tema de las filtraciones en investigaciones, indicando que en 2024 «hemos implementado diversas medidas tecnológicas para asegurar la trazabilidad interna de los archivos que contienen información de causas penales, resguardando así el acceso a los sistemas y bases de datos del Ministerio Público. Esto busca prevenir accesos indebidos y filtraciones».
“La protección de la información es tanto una obligación legal como un imperativo ético que guía nuestro actuar”, destacó, añadiendo que “como Ministerio Público, entendemos que la seguridad de los datos sensibles no solo fortalece la confianza ciudadana en nuestra institución, sino que también es indispensable para asegurar una persecución penal legítima, eficaz y respetuosa de los derechos humanos”.
Asimismo, se habilitaron funcionalidades para asegurar la trazabilidad del acceso a sus sistemas informáticos. «Con este nivel avanzado de protección y control de accesos, invertiremos más de $3 mil doscientos millones hasta 2028, que representa un 41% del gasto total previsto en este tipo de licencias. Reconocemos que esto no elimina totalmente la posibilidad de que información de una investigación llegue a terceros, pero esperamos contribuir significativamente a prevenir tales incidentes», aclaró.
Además, comunicó que «desde octubre de 2023, se han iniciado 25 investigaciones administrativas que involucran a 39 funcionarios por acceso indebido a causas penales».
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