El Gobierno de Perú ha decidido implementar un toque de queda en el distrito de Pataz, donde el Ejército asumirá el control territorial, tras el secuestro y asesinato de 13 personas en una mina de oro de esta región del norte del país.
«En un plazo no mayor a 48 horas, se establecerá el toque de queda y las Fuerzas Armadas tomarán el control de la zona para garantizar la seguridad de la población», indica el comunicado oficial del Gobierno. Además, «se levantará una base militar para asegurar una presencia operativa continua».
Las autoridades del departamento de La Libertad, donde se encuentra Pataz, habían solicitado al Ejecutivo que se declare el estado de sitio en la región.
Simultáneamente, el Gobierno pedirá al Congreso la delegación de poderes legislativos para «implementar medidas urgentes contra el terrorismo urbano». También se ordenó «la suspensión de todas las operaciones mineras por 30 días» en la zona y se anunció un proyecto de ley para combatir el terrorismo urbano.
El domingo, las autoridades peruanas confirmaron el fallecimiento de 13 mineros que habían sido secuestrados desde el 25 de abril en la provincia de Pataz, actualmente en estado de emergencia.
Además, se encontraron dos cuerpos adicionales, cuya identidad aún no ha sido verificada ni se ha confirmado si pertenecen al mismo grupo de trabajadores. Según El Comercio, los secuestradores exigieron un rescate de 4 millones de soles por su liberación.
El grupo fue capturado por mineros ilegales presuntamente ligados a organizaciones criminales. Las víctimas trabajaban para un minero artesanal vinculado a Minera Poderosa, una empresa dedicada a la extracción de oro en la región.
Antes del secuestro, ya se habían registrado episodios de violencia contra operaciones mineras, tanto formales como informales, lo que indicaba un clima de creciente tensión en la zona.
La empresa Minera Poderosa emitió un comunicado tras la tragedia, denunciando el contexto de impunidad en el que operan estas bandas, afirmando: “Hacemos un llamado urgente al gobierno para que replantee su estrategia contra la criminalidad y logre la captura de los delincuentes en Pataz”. También solicitaron “reforzar el trabajo de información y colaborar estrechamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial”.
Criticaron al Congreso peruano por extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalando que ha funcionado como un “escudo protector para que los mineros informales e ilegales sigan operando impunemente, lo cual ha sido un completo fracaso”.
El alcalde de Pataz, Aldo Mariño, manifestó su descontento por la falta de eficacia del estado de emergencia. “Hasta ahora, no han identificado a ninguna banda criminal; no han realizado capturas. Llevamos más de un año en estado de emergencia y no han atrapado a ningún miembro de las bandas”, expresó con firmeza, exigiendo la implementación de servicios de inteligencia y equipos especializados.
A pesar de la movilización de más de 800 efectivos policiales y militares esta semana, los esfuerzos no lograron evitar el secuestro ni prevenir esta nueva tragedia, revelando la grave crisis de seguridad en los corredores mineros del país vecino.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
