El Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ha solicitado la intervención del teléfono del Presidente Gabriel Boric en relación con la investigación del caso ProCultura, alegando posibles conexiones entre el Mandatario y el financiamiento irregular de su campaña. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud por falta de fundamentos.
En su solicitud, el persecutor argumentó que «contamos con una confesión que indica que los fondos provenientes de convenios adjudicados a ProCultura se utilizaron para otros fines, específicamente, para financiar de manera irregular la campaña del actual Presidente de la República (Gabriel Boric). La posible veracidad de esta afirmación se apoya en la relación estrecha que existe entre Larraín Salas y el actual Presidente».
La Fiscalía expuso que los convenios de ProCultura con el Estado se incrementaron notablemente en 2022 y 2023, y que su fundador, Alberto Larraín Salas, habría utilizado fondos en la campaña del actual mandatario.
Además, se mencionaron transacciones entre la fundación y la expareja del Presidente, Irina Karamanos, quien fue citada a declarar como imputada.
Cooper defendió la viabilidad de la interceptación citando jurisprudencia, indicando que “Boric pudo haber intervenido en la defensa de otras imputadas”. Afirmó que “esta medida es crucial para determinar su posible implicación en delitos como fraude al fisco, lavado de activos y tráfico de influencias”.
Asimismo, el fiscal subrayó que “una conversación entre otras imputadas refuerza la sospecha sobre el uso de fondos de ProCultura en la campaña presidencial”. En dicha conversación, se mencionó que “parte del dinero se destinó a gastos electorales”, lo que, a su juicio, justifica la necesidad de profundizar en la investigación.
El fallo judicial reiteró que la inviolabilidad de las comunicaciones es una garantía constitucional y que la interceptación solo es procedente si existen antecedentes suficientes. La negativa del tribunal a autorizar la medida refuerza la idea de que, hasta ahora, no existen pruebas concluyentes que vinculen directamente al Presidente con un delito.
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