Josefina Huneeus Lagos, ex esposa del fundador de Procultura, Alberto Larraín Salas, ha interpuesto un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta contra las decisiones del Juzgado de Garantía local que autorizaron la interceptación de su teléfono celular. Esta acción permitió registrar conversaciones entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric.
De acuerdo a información de radio Bío Bío, el recurso fue presentado por los abogados Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, quienes representan a Huneeus, denunciando un “espionaje” por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo, encargada de la investigación del caso Procultura, que ha derivado potencialmente en el financiamiento ilegal de la campaña presidencial de Boric.
En el documento legal, los abogados argumentan que las escuchas se llevaron a cabo sin fundamentos ni motivos legales, dado que Huneeus no era considerada investigada en la causa dirigida por el fiscal regional Patricio Cooper. “La medida fue adoptada por error, bajo la premisa de que el número pertenecía a otra persona”, se indica en el escrito de 20 páginas.
Asimismo, subrayan que las conversaciones interceptadas, incluidas las que tuvieron lugar con el Presidente Boric, carecen de relevancia penal. El recurso subraya que el Ministerio Público y el tribunal actuaron fuera del marco legal al calificar a Huneeus como testigo primero y como imputada después, sin pruebas concretas. “Intentaron ‘mantener’ una interceptación ilegal a través de resoluciones sin justificación”, añade el documento.
El texto también revela que la primera interceptación, autorizada el 2 de octubre de 2024, se dirigía inicialmente al número de Larraín. Sin embargo, el teléfono ha pertenecido a Huneeus durante dos décadas. A pesar de haber identificado el error, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó mantener la medida el 16 de octubre, argumentando que Huneeus “tenía conocimiento de los hechos investigados”.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta concedió esta solicitud, aunque la Fiscalía no citó ningún artículo ni presentó pruebas, según indica el libelo de amparo. “El tribunal autorizó la interceptación como si Huneeus fuera imputada, a pesar de que ni siquiera se le vinculaba con los delitos”, denuncian los abogados. Las renovaciones posteriores (6 de diciembre de 2024 y 10 de febrero de 2025) replicaron este vacío legal.
Entre las conversaciones interceptadas, se incluye una llamada del 14 de octubre de 2024 entre Huneeus y el Presidente Boric, realizada antes de que se validaran las escuchas. Este registro se intentó utilizar para solicitar la interceptación del teléfono del Mandatario, lo cual fue rechazado el 12 de noviembre por falta de argumentos.
El documento resalta que la Fiscalía describió a Huneeus como testigo, no como sospechosa. Un correo de la PDI del 14 de octubre indicó: “Ella estaría al tanto de las acciones de Procultura y podría aportar información relevante”. Sin embargo, el tribunal la trató como imputada sin justificación, afirman los abogados.
«El espionaje es el término que describe las intromisiones ilegales en la vida privada de las personas», agrega el recurso de amparo.
En este sentido, los abogados citan decisiones de la Corte Suprema que anulan actuaciones sin fundamentación.
«La resolución del 16 de octubre carece de fundamentación. ¿Qué sospechas válidas existían? Ninguna», afirma el recurso. Finalmente, critican que las renovaciones se autorizaron sin nuevos antecedentes; según los abogados, “el tribunal premió la ambigüedad de la Fiscalía”.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
