En la investigación del Ministerio Público sobre el caso ProCultura, uno de los nombres destacados que se asocia al Frente Amplio (FA) es el de Giorgio Jackson, un reconocido dirigente de la coalición.
El exministro de Desarrollo Social y estrecho colaborador del Presidente Gabriel Boric ha sido identificado como “persona de interés” en esta indagatoria dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, según los datos que publica La Tercera y que están incluidos en el expediente del caso.
Además de su conexión con esta investigación, el exdiputado ha enfrentado un proceso debido a la querella presentada en su contra en el «Caso Convenios» por el diputado de la UDI Juan Antonio Coloma. Tras su salida del gobierno en agosto de 2023, a raíz de las acusaciones en su contra por irregularidades financieras, Giorgio Jackson declaró en la investigación.
Seis meses después de abandonar su puesto, el 22 de febrero de 2024, Jackson se presentó en la Fiscalía Nacional para dar su testimonio sobre el «Caso Convenios». Al salir del edificio de la calle Catedral, lo hizo en completo silencio y posteriormente se traslado a España, donde reside temporalmente.
Para entonces, la Fiscalía ya había tomado precauciones sobre los movimientos del exparlamentario. El 18 de enero del mismo año, el suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien lideraba la investigación del caso ProCultura, ordenó a la Brigada Anticorrupción de la PDI que estuviera alerta ante cualquier novedad migratoria de 13 personas vinculadas al caso de la fundación del psiquiatra Alberto Larraín. El exministro fue directamente mencionado como la décima persona en ese listado.
La solicitud de la Fiscalía a la Policía tenía dos objetivos. Primeramente, se requería “ingresar un aviso de autoridad” en el sistema de la PDI para notificar sobre el ingreso o salida de estas personas del país. Un procedimiento similar se aplicó con el exalcalde Daniel Jadue antes de su formalización, cuando decidió no viajar a Venezuela en abril de 2024.
El segundo requerimiento establecía que, si alguna de las 13 personas mencionadas, incluido Jackson, abandonaba el país, la policía debía registrar el domicilio y número de contacto que dicha persona proporcionó al salir.
Además de Jackson, la orden también se aplicaba al psiquiatra encabezando ProCultura, su padre, Alberto Larraín Lohmayer, y otros funcionarios de la ONG Allan Mix, como Emilio Fuentes, Ingrid Koch, Johnny San Martín, María Constanza Gómez, María Eugenia Sabbag, María José Maturana, Patricia Ilonka, Guillermo Acuña y Dolores Casanova.
Algunos de estos nombres se repiten en las solicitudes de interceptaciones telefónicas, aunque no es el caso de Jackson.
En junio de 2024, el fiscal Patricio Cooper tomó las riendas de la indagación sobre ProCultura, a raíz de la asignación del Fiscal Nacional, Ángel Valencia. En ese momento, la alerta sobre las 13 personas previamente solicitada por Palma continuaba vigente.
Sin embargo, el 28 de febrero de este año, la Briac comunicó a la Fiscalía que había cumplido con la orden de “dejar sin efecto la alerta” sobre este grupo de personas.
A pesar de esto, la oficial encargada del informe indicó que “para el caso de Kenneth Giorgio Jackson Drago, esta alerta ya había sido cancelada anteriormente”, aunque sin especificar la fecha en que se levantó la alerta para el exministro.
El informe concluyó señalando que al consultar los antecedentes de las personas mencionadas en el Sistema Integrado de Búsqueda de Información (SIBI), “no se registraron encargos judiciales pendientes en su contra”.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
