La Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) ha decidido dar por terminado anticipadamente el contrato de “mil cámaras” que sustentaba el programa “Calle Segura”, iniciativa lanzada durante el gobierno de Sebastián Piñera y que había sido renovada por la actual administración.
De acuerdo con un «Informe Especial» de 24Horas, un documento firmado por la subsecretaria Carolina Leitao indica que la empresa Ingesmart incumplió las condiciones del acuerdo con el Estado, evidenciando un retraso del 768%.
El informe de la División de Estudios de la Subsecretaría señala que “esta situación ha ocasionado un perjuicio directo a la Subsecretaría de Prevención del Delito, debilitando su capacidad para garantizar el cumplimiento oportuno y eficiente de una política pública de gran impacto”.
Se reporta que esta deficiencia del programa en la región Metropolitana ha afectado a 387 cámaras, impactando directamente a 21 municipios.
Las municipalidades se han visto incapaces de contar con el sistema en condiciones operativas para apoyar su labor en seguridad comunal, lo que ha generado sobrecarga en sus equipos y creciente frustración ante los retrasos injustificados y la falta de funcionamiento en las comunas donde el equipamiento ya se había instalado, según señala la resolución.
Asimismo, se menciona que “el mayor impacto lo está sufriendo la ciudadanía, debido al retraso en la activación de sistemas diseñados precisamente para aumentar la seguridad, disuadir delitos y fortalecer la vigilancia en espacios públicos”.
La asignación a Ingesmart en este proyecto se realizó en 2020, en la última administración de Sebastián Piñera, por un total de $14 mil millones.
En ese momento, la Contraloría General de la República (CGR) revisó la adjudicación y rechazó el contrato al identificar problemas administrativos que ponían en riesgo su cumplimiento.
Ante ello, desde la administración de Piñera se argumentó que las observaciones del ente fiscalizador serían solucionadas.
En junio de 2024, la Contraloría emitió una auditoría final sobre el programa de televigilancia, en la cual detectó diversas situaciones “altamente complejas”, confirmando que entre 2020 y al menos 2024, los equipos, software y capacitaciones no funcionaron según lo estipulado en la adjudicación.
En este informe, la contraloría observó que no se aplicaron multas a Ingesmart e instruyó a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que ejerciera las sanciones contempladas en las bases de licitación.
“La Subsecretaría deberá tomar acciones para cumplir con sus funciones de supervisión, control y aplicación de sanciones y multas por incumplimientos del proveedor”, se indica.
Antes de este informe, en mayo de 2024, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, decidió que la jefa jurídica de la SPD, Priscila Márquez, dejara su puesto.
Esta decisión fue tomada tras conocer que Márquez es esposa de Guillermo de la Jara, quien es socio del estudio que asesoró a Ingesmart en su proceso de reorganización concursal.
La Superintendencia de Prevención del Delito confirmó que la decisión de finalizar anticipadamente el contrato se relaciona con los antecedentes expuestos en el informe de la Contraloría.
“En el contrato, que abarca 29 comunas de la región Metropolitana, se observaron incumplimientos que afectaban la esencia del requerimiento presentado por la SPD, pues se estipuló que el proceso de instalación y puesta en marcha no debía exceder un año, lo que no ocurrió”, señalaron.
Añadieron que “hoy en día, el contrato presenta graves incumplimientos no solo en la instalación del equipamiento, sino también en las funcionalidades ofrecidas, llevando a esta Subsecretaría a tomar la mejor decisión en interés del bien público”.
No obstante, aclararon que «este proceso está en curso. Desde la Subsecretaría se notificó el término anticipado del contrato a las partes —en marzo de 2025—, que presentaron un recurso de reposición y la SPD aún tiene plazo para responder a dicho requerimiento«.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
