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Manuel Adorni, el portavoz del presidente, comunicó en una rueda de prensa que, a diferencia de la inmigración "virtuosa" que el país ha experimentado en el pasado y que contribuyó a forjar la Argentina como una gran potencia, actualmente existe una "normativa que genera caos y permite abusos por parte de quienes no llegan con la intención honesta de construir un futuro próspero."
En el comunicado, las autoridades también expresaron su descontento con el fenómeno conocido como "turismo de salud", donde extranjeros acceden a los servicios públicos de salud sin haber contribuido a su financiación.
El gobierno considera que esta práctica representa un uso indebido de recursos destinados a la población argentina y resulta en costos elevados para los contribuyentes.
Con la publicación de un nuevo decreto en los próximos días, cualquier extranjero que haya sido condenado por un delito, sin importar su gravedad, podrá ser deportado. Adicionalmente, se prohibirá el ingreso a personas con antecedentes penales.
Asimismo, el gobierno impondrá una tarifa por la atención médica a extranjeros en hospitales públicos, argumentando que durante 2024 esta asistencia ha generado un gasto considerable para el estado. La atención será gratuita únicamente en situaciones de emergencia.
En el ámbito educativo, las universidades públicas podrán establecer matrículas para extranjeros con residencia temporal, mientras que la educación primaria y secundaria seguirá siendo gratuita para todos los residentes.
Obtener la ciudadanía también tendrá requisitos más estrictos: solo se otorgará a aquellos que hayan residido en Argentina por un mínimo de dos años consecutivos o que hayan realizado una inversión significativa en el país.
Para la residencia permanente, los solicitantes deberán demostrar sus ingresos y carecer de antecedentes penales.
Aquellos que sean sorprendidos cruzando los pasos fronterizos no autorizados serán expulsados de inmediato, y quienes proporcionen información falsa durante su ingreso también serán deportados.
Cualquier extranjero condenado por un delito será deportado, y se acortarán los plazos de apelación en casos de deportación.
Según el gobierno, en los últimos 20 años, aproximadamente 1,7 millones de personas han ingresado al país de manera ilegal.
Estas nuevas disposiciones, según el comunicado, buscan reorganizar el sistema migratorio y asegurar que los recursos públicos se utilicen prioritariamente en beneficio de los argentinos.
Se anticipa que estas medidas repercutan también en los turistas, quienes ahora deberán presentar un seguro médico para ingresar al país, similar a lo que ya exigen varios países de la Unión Europea.
El decreto ya ha suscitado críticas. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han advertido que "no se puede establecer un régimen excepcional para ciertos individuos sin un debate en el Congreso," dado que está relacionado con el derecho a la defensa.
La última ocasión en que se intentaron modificar las normas migratorias fue en 2017, mediante un DNU propuesto por la actual ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese entonces, un fallo judicial declaró la medida inconstitucional.
El actual gobierno de Milei asegura que ha tenido en cuenta las objeciones planteadas respecto al decreto anterior.
El anuncio de estas medidas ocurre en el contexto de elecciones que se desarrollan en todo el país; el pasado domingo se llevaron a cabo elecciones en cuatro provincias, y este domingo votarán los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
Manuel Adorni, quien comunicó estas modificaciones, es el candidato del gobierno nacional para las elecciones en la ciudad.
Con Información de puranoticia.pnt.cl
