El gobernador Orrego declara en la sesión del Core por ProCultura que «hemos sido víctimas de un delito».

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El Consejo Regional (CORE) Metropolitano de Santiago llevó a cabo una sesión extraordinaria para examinar la relación del gobernador Claudio Orrego con ProCultura y aclarar los detalles del convenio multimillonario firmado entre el gobierno regional y la fundación dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín.

Esto se origina a raíz de filtraciones de la carpeta de investigación que indican que el Ministerio Público investiga el papel de la autoridad en los convenios firmados y su cercanía con Larraín, según informa La Tercera.

La Fiscalía está analizando la formulación, aprobación y ejecución del convenio titulado «Transferencia Prevención del Suicidio Mediante el Fomento de la Salud Mental», conocido como el proyecto «Quédate», que fue autorizado mediante una asignación directa el 26 de septiembre de 2022 por un total de $1.683.788.000.

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Ante las preguntas de los consejeros regionales, el gobernador Orrego negó que su decisión haya sido influenciada por algún ente externo al GORE. “Quiero rechazar categóricamente eso. Nunca recibí presión, ni siquiera un llamado; y para quienes me conocen, jamás hubiera accedido a ello”, afirmó.

Adicionalmente, expresó su desaprobación respecto a cómo ProCultura ha manejado los fondos, ya que la fundación liderada por Larraín tiene pendiente la rendición de más de mil millones de pesos.

“Comparto la indignación de quienes ven esto como una defraudación, no solo de la confianza, sino como una apropiación indebida de fondos que pertenecen a todos los santiaguinos y a los habitantes de esta región, especialmente tratando un tema tan noble como la salud mental”, aseguró Orrego.

Subrayó que ha cooperado plenamente con la investigación en curso y que continuará haciéndolo hasta las “últimas consecuencias” porque el GORE también se ha visto perjudicado por las acciones de ProCultura.

Fuimos víctimas de un delito, y ahora se intenta establecer que somos cómplices”, remarcó la autoridad regional. “Fuimos estafados”, reiteró minutos más tarde.

En relación a por qué se trató directamente con la ONG sin realizar una licitación, el gobernador Orrego explicó que “la modalidad de asignación directa fue utilizada por el Gobierno Regional no solo para ProCultura y ‘Quédate’, sino para 77 proyectos aprobados en ese año, sin distinción en el tratamiento del programa ‘Quédate’ frente a los otros 76; no recibió trato privilegiado”.

Orrego mencionó que el programa cumplió con todos los procesos de admisibilidad del GORE para recibir fondos, incluyendo la aprobación del Consejo Regional Metropolitano y la validación de Contraloría, entre otros. Reiteró que no hubo una aprobación ‘exprés’ del programa, ya que tomó cinco meses, “dos meses más que el promedio”.

Señaló que el programa fue ejecutado durante 11 meses, con rendiciones de gastos realizadas por ProCultura. En este contexto, resaltó que se utilizaron $600 millones, por lo que es incorrecto afirmar que se perdieron $1.600.000.000.

También respondió a cuestionamientos del fiscal adjunto de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo, Ricardo Soto, quien mencionó que el GORE Metropolitano no hizo observaciones sobre la inversión de ProCultura en un fondo mutuo con los $1.683.788.000 entregados a la fundación.

Esto, a pesar de que el convenio en su cláusula tercera establece explícitamente: “La Entidad Receptora deberá utilizar los recursos transferidos exclusivamente para la ejecución del programa, según lo indicado en la ficha de presentación del proyecto”.

“Respecto a los fondos de ProCultura que se habrían invertido en contravención de la normativa del convenio y de la normativa del Gobierno Regional, nos enteramos, al igual que ustedes, cuando se liberaron las carpetas”, explicó.

“Nunca lo supimos, y desde que lo conocimos la semana pasada, pedí a los abogados que están llevando la causa contra ProCultura que ampliaran la querella por este motivo en particular”, añadió.

Según la investigación de la Fiscalía, en el marco del convenio con ProCultura, Orrego habría solicitado a Alberto Larraín la contratación de Gabriel Prado Acuña, psicólogo, para desempeñarse como “profesional de la División de Desarrollo Social y Humano en comisión de servicio en el Gobierno Regional Metropolitano”.

Al respecto, el gobernador aseguró que “no conozco a esta persona (…), por lo tanto no pude haber solicitado su contratación”.

“Este programa contó con 43 personas contratadas y 36 no remuneradas, y no conozco a ninguna de ellas”, afirmó.

Además, agregó que “la única información que recibí, a través del equipo de ‘Quédate’, fue que este programa, como todos los demás, tendría una persona de enlace del Gobierno Regional con la fundación para colaborar en las diversas coordinaciones necesarias para alcanzar los objetivos, pero no me consta porque eso estaba bajo el manejo directo del programa, al cual no tenía acceso”, remarcó.

La investigación de la Fiscalía también destaca la cercanía de Orrego con Alberto Larraín, mencionando que “tres meses antes de la firma de este convenio, el Consejo Regional aprobó el nombramiento de Alberto Larraín, cofundador y director ejecutivo de la fundación, como director de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gore, posición propuesta por el gobernador regional, Claudio Orrego Larraín”.

En la reunión del CORE, Orrego destacó que “fue el Consejo Regional de la RM, como órgano colegiado, quien decidió su nombramiento (en 2022). Esto confirma que, en mi papel de gobernador, solo propuse, y fue el Consejo Regional quien aprobó y nombró”, subrayó Orrego.

En relación al objetivo de la corporación, Orrego enfatizó que “no influye en los programas aprobados o ejecutados por el GORE, directa o indirectamente, y menos en este caso en particular, como se ha especulado sobre el programa de prevención del suicidio ‘Quédate’”.

Finalmente, reiteró que ninguna de sus campañas recibió financiamiento de ProCultura o de Larraín.

No hubo financiamiento de ProCultura ni de Alberto Larraín a mi campaña electoral. Todo mi financiamiento provino de créditos públicos que solicité, dos de ellos de Banco BICE y BancoEstado. Fueron depositados en mi cuenta corriente del BancoEstado habilitada y exigida por el Servel, y todos los gastos se realizaron mediante boletas nominativas, no en efectivo, y fueron debidamente aprobados en la rendición por el Servel”, aseguró.

PURANOTICIA

Con Información de puranoticia.pnt.cl

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