La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que desestime los requerimientos de inaplicabilidad presentados por Cristián Catalán, Rui Sanches da Silva, Martín Matos y Marco Malverde, en el contexto del juicio por colusión que se lleva a cabo ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra Brink’s, Loomis y Prosegur, así como contra algunos de sus ejecutivos.
Los requerimientos buscan que el TC declare inaplicables por inconstitucionales las disposiciones legales que permiten convocar a declarar a los ejecutivos acusados en el juicio ante el TDLC, argumentando que este procedimiento vulnera el derecho a no autoincriminarse, en relación con el debido proceso, debido a la posible existencia de un futuro proceso penal.
Los argumentos de la FNE fueron presentados ante el pleno del TC por Víctor Santelices, jefe de la División Litigios, quien aseguró que las reclamaciones de los ejecutivos deben ser desestimadas, dado que no se configuran los vicios de constitucionalidad que se alegan, ya que la garantía de no autoincriminación no aplica en el contexto del procedimiento contencioso de libre competencia ante el TDLC.
El representante de la FNE subrayó que esto se fundamenta tanto en la Constitución como en la jurisprudencia del mismo TC, basado en su pronunciamiento sobre el caso de colusión de las empresas productoras de carne avícola, conocido como el “caso pollos”.
Santelices también destacó que el procedimiento de libre competencia ante el TDLC respeta un conjunto de garantías generales del debido proceso, que no se ven afectadas por la existencia de un posible juicio penal por estos hechos. Esto, según ha señalado anteriormente el TC, no genera un efecto adverso a la Constitución.
Asimismo, el Jefe de Litigios de la FNE alertó que si se aceptan los argumentos de los requirentes, la intención del legislador al reinstaurar la sanción penal por colusión en la reforma legal de 2016 se vería considerablemente debilitada. “Si la FNE no dispone de las herramientas necesarias para lograr un fallo favorable ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, no solo se dificultará la posible acción penal, sino que incluso se complicará la sanción de la colusión en la vía infraccional, poniendo en una posición más precaria la protección de la libre competencia en comparación con el periodo anterior a la criminalización de este comportamiento”, explicó el representante de la FNE.
El 7 de octubre de 2021, la FNE presentó ante el TDLC una acusación por colusión contra las tres principales empresas de transporte de valores en el país: Brink’s, Loomis y Prosegur, así como contra seis de sus principales ejecutivos, por haber establecido y ejecutado un acuerdo para fijar los precios de sus servicios entre 2017 y 2018.
Este juicio se encuentra en la etapa de prueba ante el Tribunal, que actualmente está llevando a cabo audiencias de testigos.
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