El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se pronunció sobre el informe de la Contraloría General de la República, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero durante su periodo de licencia médica.
“Condenamos firmemente estos hechos. El Gobierno ha estado implementando diversas medidas para prevenir el abuso de las licencias médicas”, indicó el secretario de Estado.
En este contexto, explicó que “cuando se presenta una licencia médica falsa, se perjudica a otros cotizantes del sistema que deben financiarla, o el Estado tiene que destinar recursos adicionales para ello. Por lo tanto, en este caso, ‘no paga Moya’, sino que lo hacen el resto de los chilenos y chilenas honrados”.
“Es indudable que hay un derecho a percibir subsidios por incapacidad laboral cuando un trabajador está enfermo. Sin embargo, ese derecho debe ejercerse siempre basado en fundamentos médicos, no cuando hay abuso del sistema”, añadió.
El ministro mencionó que entre las iniciativas que está promoviendo el Ejecutivo se encuentra “la modernización del marco jurídico para prevenir abusos en el sistema. De hecho, recientemente se promulgó una ley que aborda el tema de los grandes emisores.”
“Es una ley que hemos estado promoviendo durante mucho tiempo, y que finalmente fue aprobada. Esto nos permitirá gestionar el caso de aquellos que emiten, sin justificación, una cantidad significativa de licencias, causando un impacto económico considerable en su financiamiento”, agregó.
Respecto a las acciones a seguir tras el informe de Contraloría, Elizalde comentó que «en primer lugar, se está solicitando un informe a todos los ministerios y servicios. En segundo lugar, se instruirá la apertura de sumarios internos, y finalmente, se entregarán todos estos antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que evalúe posibles acciones civiles y penales”.
“Si se determina la comisión de algún delito se seguirán acciones penales. Y en caso de ser necesario llevar a cabo acciones civiles relativas a los recursos comprometidos”, precisó.
En el ámbito de la salud, mencionó que “se han interpuesto al menos 300 denuncias al Ministerio Público a través de Compin por licencias infundadas, y adicionalmente se han llevado a cabo más de 1.200 sumarios para determinar las responsabilidades pertinentes”.
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