El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, se pronunció sobre la apelación presentada ante la Corte Suprema para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones que calificó de ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Huneeus durante la investigación del caso ProCultura.
“Tomamos esta decisión tras una reunión de coordinación respecto al traspaso de un gran volumen de antecedentes de la investigación del caso ProCultura, que lideraba el fiscal regional Patricio Cooper”, explicó.
El fiscal destacó que “los argumentos presentados en ese recurso ante la excelentísima Corte Suprema serán expuestos y debatidos en ese foro. Por lo tanto, no me extenderé ni comentaré sobre el contenido del escrito”.
Referente al caso, Castro comentó que el equipo tiene “experiencia en investigaciones relacionadas con el caso Convenios. Como saben, tenemos varias, una de las cuales está avanzada, con personas formalizadas y en prisión preventiva, así como desafueros, por lo que conocemos lo que implica una investigación de esta índole.”
“Esta investigación presenta las mismas complejidades, pero, además, se suma la participación de múltiples gobiernos regionales y otros actores, lo que añade una gran complejidad a la situación”, agregó.
El fiscal enfatizó que “el traspaso de antecedentes de investigación, junto con la evidencia digital y material, representa un esfuerzo considerable, que ya hemos comenzado a realizar desde el pasado viernes, coordinando con el equipo de la Fiscalía Regional de Coquimbo”.
“Actualmente, hay dos equipos de ambas fiscalías regionales trabajando en el traspaso de estos antecedentes, con el fin de continuar la investigación de la manera más rápida y eficiente posible”, añadió.
Castro reiteró que “la misión del Ministerio Público, especialmente de la Fiscalía Regional, es investigar todos los hechos que puedan constituir delitos y la eventual responsabilidad de cualquier persona involucrada, sin distinción alguna, ya sea como autor, cómplice o encubridor, tal como lo indica nuestra Constitución”.
“Más allá de lo que ocurra en el ámbito político y de las afirmaciones sobre esta investigación, nuestra función es la investigación de delitos, en este caso, delitos que atentan contra la probidad pública y que afectan, en general, a la población que debería beneficiarse de estos fondos públicos”, concluyó.
(Imagen: La Segunda)
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