María Jaraquemada, abogada y miembro del Consejo para la Transparencia, comentó el informe de la Contraloría General de la República que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos realizaron viajes al extranjero con licencia médica entre 2023 y 2024.
En una conversación con T13 Radio, Jaraquemada aseguró que “esto es un síntoma de un problema más profundo. Creo que tenemos una gran preocupación con el posible uso de licencias falsas en el país. Esto ha sido objeto de investigación por un tiempo, y ya hay varias personas, incluyendo médicos, bajo indagación. Aquí hay dos actores: quien otorga la licencia y quien la solicita. Esto representa un vacío fiscal considerable”.
“Esto plantea diversas interrogantes. Primero, la cuestión de la fiscalización: ¿cómo es posible que se otorguen licencias médicas falsas tan fácilmente sin controles adecuados? Y, por otro lado, la ética y la integridad de quienes se valen de estas licencias falsas”, comentó.
“El asunto de los viajes es un indicio de que estas personas estarían vulnerando dos principios: el deber de reposo, que desestiman, y la posible falsificación de la licencia médica”, añadió.
En un contexto diferente, la ex presidenta de la Comisión Asesora Presidencial de Probidad, establecida por el Gobierno tras el escándalo de los Convenios, destacó cómo la percepción de corrupción ha afectado al país: “El caso Convenios ha sido un duro golpe en varios sentidos. Afectó especialmente al Gobierno y al Frente Amplio”.
“Si bien hay personas involucradas de diferentes partidos políticos, el impacto fue mayor en el Frente Amplio, que había promovido estándares de integridad y probidad. Obviamente, caer desde una posición elevada duele más, y esto ha sido un golpe significativo para la sociedad civil. Aunque la situación ha comenzado a mejorar, se ha registrado un aumento en la desconfianza hacia fundaciones y corporaciones en varias encuestas recientes”, añadió.
Al ser preguntada sobre los avances en la implementación de las recomendaciones de la comisión asesora, la abogada respondió que “ha perdido fuerza. Durante los primeros meses hubo un gran impulso, ya que el caso estaba más presente y el compromiso más cercano, pero han surgido nuevas agendas en discusión, como pensiones, salud y educación”.
“Este tema debería incluirse en la Cuenta Pública y en las actividades del Congreso. Algunos proyectos de ley, como el de Beneficiario Final, que ha sido ampliamente discutido, no solo abordarían el caso ProCultura y el caso Convenios, sino que también serían de gran ayuda para fortalecer la inteligencia financiera, combatir el crimen organizado y rastrear el flujo de dinero”, concluyó la integrante del Consejo para la Transparencia.
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