Con la firme intención de reforzar las atribuciones de la Contraloría General de la República, el Senado revisó un informe de esta entidad, el cual revela que 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, durante su licencia médica.
La sesión especial, que convocó a la contralora Dorothy Pérez, comenzó con la intervención del senador Francisco Chahuán, miembro de la comisión de Salud, quien hizo un recuento de diversos incidentes que han culminado en “el escándalo de las licencias”.
En este contexto, mencionó la reciente ley promulgada que incrementa las sanciones por licencias médicas fraudulentas y lamentó la negativa del ministerio de Hacienda de proveer nuevos fondos para la realización de cruces de bases de datos en este ámbito.
La contralora explicó que el informe Consolidado de Información Circularizada (CIC) es una nueva herramienta del organismo que permite cruzar bases de datos públicas de manera masiva. “Siempre estamos realizando auditorías, pero ahora lo hacemos a gran escala utilizando tecnología”, afirmó.
En este marco, profundizó sobre el reporte presentado la semana pasada, que investiga la conducta de funcionarios públicos y empleados de entidades financiadas con fondos públicos. “Se cruzaron los datos de salidas del país registradas por la PDI y las licencias entregadas por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso)”, comentó.
Detalló que “el análisis abarcó los años 2023-2024, revisando 5 millones de licencias médicas que fueron confrontadas con un millón 200 mil salidas del país de este personal. Esto permitió identificar a 25 mil trabajadores que habrían infringido su periodo de reposo al viajar fuera de Chile.”
Además, la autoridad proporcionó información de otro informe CIC sobre médicos de instituciones públicas que viajaron al extranjero utilizando licencias médicas, y abordó casos notorios descubiertos en auditorías regulares, como personas que estudiaron en el extranjero con licencia o que emitieron boletas de honorarios durante el mismo periodo.
Por último, la Contralora solicitó que “se considere otorgar más atribuciones a nuestra institución para solicitar bases de datos o extractos bancarios de servicios públicos, o incluso para aplicar sanciones directamente tras una auditoría (…) Asimismo, desearía más facultades para otros organismos que desempeñan funciones de control, como las superintendencias de salud.”
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
