El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha presentado una querella contra el diputado Joaquín Lavín León (exUDI) por delitos de malversación de caudales públicos.
La denuncia se fundamenta en la investigación de la Fiscalía Oriente, que lo acusa de usar facturas ideológicamente falsas para desviar fondos del Congreso y cubrir deudas de campaña.
La querella fue admitida a trámite este fin de semana y, según un informe de La Tercera, se señalan varias conductas relacionadas con actos de corrupción, lo que podría llevar a una solicitud de desafuero y a la petición de prisión preventiva en su contra.
“Los querellados (liderados por el diputado) se concertaron para presentar gastos ficticios, exagerados y falsos, sin ninguna prestación de servicio válida relacionada con sus funciones parlamentarias”, se expresa en el documento patrocinado por Marcelo Chandía, procurador fiscal de Santiago.
Asimismo, el CDE sostiene que tanto Lavín como su ex-asesor Arnaldo Domínguez –a quien Lavín responsabiliza de sus rendiciones de gastos en el Parlamento–, actuaron con el propósito de financiar ilegalmente campañas electorales al desviar recursos públicos del Congreso
La presentación de facturas falsas llevó al CDE, en su solicitud de diligencias, a pedir al Servicio de Impuestos Internos (SII) que se involucre por delitos tributarios, lo que complicaría aún más la situación del congresista en términos de formalización y prisión preventiva.
“Se presentaron facturas ideológicamente falsas dirigidas a fines personales del diputado Joaquín Lavín a través del desvío de fondos estatales -destinados a su cargo-, por servicios alegadamente prestados por la imprenta MMG SpA, de propiedad del querellado Juan Silva Morales, y la empresa Modo 74 SpA, de propiedad de Felipe Vásquez Diéguez”, señala el documento.
Además, el CDE acusa al diputado de haber presentado documentos tributarios que no reflejaban servicios realmente proporcionados, y cuyos fondos, por medio de un engaño, fueron destinados al pago de deudas de su campaña electoral.
“El método para obtener estos recursos consistía en rendir estos ‘gastos’ ante el Congreso. Por ejemplo, en 2021 facturó a Lavín por servicios de campaña una suma de $8.802.430, con la que pagó parte de una deuda por servicios publicitarios previos, y además tuvo que emitir facturas adicionales en 2022 para cubrir el monto restante, aproximadamente cinco millones», se detalla en la querella.
Una grave situación descrita en la querella es el intento de Lavín y su asesor de ocultar su modus operandi y la forma en que sustraían dinero del Congreso.
“Para disimular sus acciones ilegales, triangulaban con las empresas implicadas usando documentos falsos, con el fin de camuflar gastos de campañas electorales, aparentando servicios de impresión inexistentes, o incluso sustraer recursos del Congreso haciéndose pasar por servicios informáticos que no existían, logrando así el reembolso por gastos que no correspondían a sus funciones como diputado”, afirman.
Además, el CDE desmantela la estrategia defensiva de Lavín, quien, al renunciar a su derecho a no declarar, culpó a su asesor Domínguez de la entrega de gastos al Congreso. “(Las) conductas eran de pleno conocimiento del parlamentario, quien autorizó y consintió la malversación de fondos designados solamente a su función como diputado. Dichos gastos tenían como finalidad, directamente, obtener recursos a partir de pagos por servicios que no existían, para saldar deudas de campañas políticas o apropiarse de esos fondos”, se lee en el documento.
El CDE también analiza el expediente judicial y afirma que “los gastos rendidos al Congreso Nacional hasta la fecha totalizan $75.254.410, correspondientes a 151 facturas por ‘mantención y sanitización de la página web y de bases de datos’. Sin embargo, la página web ha estado inoperable desde mediados de 2022, y no se puede acceder a ella”.
Para formular esta querella, el Fisco otorga gran importancia a la declaración de Aída Olivares, secretaria de Lavín desde 2014, quien explicó ante el Ministerio Público cómo trabajaron durante la pandemia, cuando las oficinas cerraron y se adoptó la modalidad “on line o virtual”.
“Se utilizó la plataforma digital SocialTazk durante aproximadamente dos años, y luego, a pesar de no usarla, el diputado siguió registrando las facturas con el logo Modo 74 ante el Congreso, para sustraer los recursos bajo su custodia; situación que le consta porque Lavín y la testigo manejaban la cuenta de Congreso joaquin.lavin@congreso.cl y su correo personal, donde recibían las facturas para su posterior cobro”, se detalla en la querella.
El CDE ha solicitado una serie de diligencias a la Fiscalía y ha anunciado, en privado, que se unirá a la solicitud de desafuero que el Ministerio Público planea presentar. Las acciones del diputado son tan graves que, tras su formalización por malversación de caudales públicos, la Fiscalía requerirá su prisión preventiva, y para ello debe despojarlo de su inmunidad como congresista.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
