La Cámara de Diputados ha aprobado el informe final de la Comisión Especial Investigadora en relación con los convenios millonarios firmados entre el Estado y la fundación ProCultura desde 2019.
El documento fue aprobado con 81 votos a favor y 3 abstenciones, y señala serias deficiencias en el sistema de transferencias públicas, identificando posibles delitos como fraude fiscal, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, además de prácticas que afectan gravemente la integridad en la gestión de recursos públicos.
La comisión, presidida por el diputado Andrés Longton, recopila durante meses información proporcionada por autoridades, expertos y organismos de control, como la Contraloría General de la República.
En el informe se indica que se encontraron sobreprecios y gastos indebidos en proyectos financiados con fondos públicos; una debilidad institucional en el control y fiscalización; una compleja red de empresas vinculadas a ProCultura; convenios expeditos como “modus operandi”; una evaluación institucional deficiente que favoreció a la mencionada fundación; relaciones tras las asignaciones que generaron conflictos de interés; procedimientos deficientes que permitieron la entrega irregular de recursos; falta de transparencia en las transferencias a ProCultura; y
omisiones de inhabilidades y vínculos no declarados entre gobernadores y la fundación.
En este contexto, se señala una especial responsabilidad en el caso de ProCultura a los gobiernos regionales involucrados, con un énfasis particular en el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
El informe indica que Orrego tiene una responsabilidad política significativa, dado que la transferencia directa a ProCultura de más de $1.500 millones para el programa “Quédate” se realizó “de manera acelerada y sin el respaldo técnico-administrativo necesario”, en un contexto que incluía conocidos vínculos personales y profesionales con Alberto Larraín. Esta situación debería haber motivado una declaración de inhabilidad administrativa, lo cual, según la documentación revisada, no ocurrió.
Asimismo, el informe también responsabiliza al exsubsecretario de Desarrollo Regional y exjefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, así como al Ministerio de Vivienda.
Como resultado de la investigación, la comisión ha propuesto una larga lista de reformas legislativas, algunas de ellas ya en trámite, así como un aumento en los recursos y facultades de fiscalización para la Contraloría. Además, no se descarta la posibilidad de que se asuman responsabilidades penales en el marco de la investigación judicial que continúa en curso.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
