La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió la decisión de no asignar urgencia al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo tras recibir críticas de parlamentarios, afirmando que «se ha creado un falso dilema”.
“Ustedes saben, porque están siempre presentes en el Congreso, que las urgencias se analizan semanalmente. Ayer, y no sin dificultades, la Sala de la Cámara decidió a qué comisiones se enviará”, explicó.
“Es en base a ese listado existente y la disposición de los presidentes de las comisiones que se evalúan las urgencias cada semana. Algunos han interpretado esto como que solo lo hemos ingresado. Si es necesario, estaré presente el 10 de marzo de 2026. No importa”, afirmó.
La ministra subrayó que este es un debate que “debe llevarse a cabo”. “Ahora, aquellos que inicialmente dijeron que no darían curso al debate, ahora piden acelerar el proceso. Tranquilidad. Queremos que este debate se realice, con diversas perspectivas, y eso requiere tiempo”, propuso.
Además, reiteró las cifras presentadas en el proyecto, estimando el financiamiento para 34.000 abortos anuales, es decir, 8 abortos por cada 1.000 mujeres en edad fértil, lo que equivale a aproximadamente una cuarta o quinta parte de los nacimientos registrados en 2024, que rondan los 154 mil.
Orellana explicó: “¿Cómo se obtiene este cálculo? Primero, observando las tasas de uso de países donde esta práctica está legalizada. En nuestro caso, se tomaron como referencia las tasas de Argentina y Uruguay, junto con datos actualizados de estimaciones”.
“Se trata de estimaciones de tasas de uso, no de cuántos se llevarían a cabo. No podemos hacerlo porque es una conducta ilegal, y por lo tanto, no se pueden estimar con datos administrativos”, comentó. Añadió que “en nuestro país, las estimaciones más recientes son de (Haley) Ball y (Elena) Prada (estudio de 2016 que calculó alrededor de 40 mil abortos al año), junto con otras previsiones…, pero esas son mucho más altas que las utilizadas en el proyecto, que son de 170.000.”
En este sentido, aclaró que “se trata de un informe financiero que aborda la carga del sistema, no un informe que estime cuántos abortos se realizan anualmente en el país, porque, insisto, esas son estimaciones que, lamentablemente, debido a su carácter ilegal, no pueden basarse en datos certeros.”
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