El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago ha condenado a cinco exautoridades y funcionarios de Cerro Navia por fraude al Fisco. Entre ellos se encuentra el exalcalde Luis Plaza Sánchez, quien fue jefe comunal entre 2008 y 2016 y es militante de Renovación Nacional.
La judicatura confirmó la involucración de todos ellos en acciones fraudulentas que incluyeron pagos por servicios ficticios y licitaciones manipuladas.
La exautoridad fue condenada a tres años y un día de presidio menor, además de inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos, una restricción temporal de cinco años para ocupar cargos públicos y una multa equivalente al 10% del monto defraudado, es decir, $1.444.444.
Aunque obtuvo la libertad vigilada, se convierte en la primera figura edilicia condenada en esta investigación.
Las penalizaciones también afectaron a otros elementos cercanos a la administración de Plaza. Marcelo Torres, exadministrador municipal, recibió una condena de cinco años de presidio, inhabilitación perpetua y una multa que supera los 17 millones de pesos. En 2022, había sido sentenciado por cohecho y lavado de activos en Maipú.
Carlos Richter, exconcejal de Maipú y exfuncionario de Cerro Navia, fue sentenciado a cinco años de libertad vigilada y una multa similar a la de Plaza. Por su parte, Marcela Morales, exdirectora de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (Secpla), recibió cuatro años de presidio (libertad vigilada) y una multa que supera los 15 millones. Alberto Lastra, exdirector de Desarrollo Comunitario (Dideco), también fue sancionado con tres años y un día de libertad vigilada, todos con inhabilitaciones para ocupar cargos públicos.
El caso Basura se originó a raíz de contratos fraudulentos con la empresa KDM en Maipú en 2011, pero con el tiempo se extendió a otras comunas. La situación en Cerro Navia es la última en resolverse con sentencias, mientras que en Colina y Ñuñoa se han dictado absoluciones.
A pesar del veredicto, el exalcalde Plaza ha anunciado su intención de apelación ante la Corte de Apelaciones para intentar anular el fallo. Su abogado ha descrito el proceso como “injusto” y “politizado”, aunque el tribunal ha calificado los actos como serias violaciones a la función pública.
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
