La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la auditoría de los gastos y transferencias de los gobiernos regionales (gores) no solo en la región Metropolitana, sino también en Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes entre enero y septiembre de 2024.
Las investigaciones se centraron en las transferencias al sector privado, verificando que no hubiera conflictos de interés y que el uso de estos recursos cumplieran con la normativa, evitando vínculos con actividades de campaña electoral o publicidad.
Además, la Contraloría revisó que cada Gobierno Regional utilizara adecuadamente sus recursos, incluyendo humanos, físicos y tecnológicos, así como vehículos y dependencias, para funciones propias y no para actividades políticas o electorales.
En el caso del Gobierno Regional de Tarapacá, se encontró que no se analizan las transferencias pendientes de rendición en varias cuentas contables, lo que compromete la transparencia financiera.
También se detectaron gastos improcedentes derivados de contrataciones a honorarios por un total de $7.781.253.
Asimismo, se constató el uso indebido de redes institucionales por parte del GORE para favorecer las candidaturas en periodo electoral, lo cual no es parte de sus funciones.
Por esta razón, la Contraloría Regional ha iniciado un sumario para esclarecer posibles responsabilidades administrativas.
En el Gobierno Regional de Antofagasta, se identificó que hay un saldo de $4.202.867.306 pendiente de rendición por parte de organismos que reciben recursos públicos, evidenciando una falta de acciones para solicitar rendiciones que datan desde al menos 2021.
Además, hasta el 30 de septiembre de 2024, se reportaron montos observados y rechazados por un total de $4.856.481.471, lo que resalta la falta de resguardo en el manejo de recursos públicos transferidos a instituciones privadas.
Entre otras irregularidades, se encontraron inconsistencias en las bitácoras de vehículos fiscales, mal uso de redes institucionales y contrataciones de servicios en tareas rutinarias.
Respecto al Gobierno Regional de La Araucanía, la auditoría mostró que contrataron a Ananda Comunicaciones SpA. para servicios de “Asesoría de Inteligencia e Investigación de la Opinión Pública Digital” por un total de $49.980.000, incluyendo una evaluación de la figura del Gobernador Regional, lo cual infringe el principio de probidad. Se formulará observaciones por el monto total mencionado.
Adicionalmente, se constató que realizó una contratación directa injustificada con la Sociedad de Servicios de Transportes y Logística SpA. por $69.537.672 sin justificación adecuada.
Se autorizó también un trato directo a Asesorías Silva y Compañía Limitada, por 400 UF para la defensa de intereses relacionados con transferencias a fundaciones, pero solo se han pagado por el primer informe de cuatro requeridos, sin sanciones por faltas en los plazos.
En el Gobierno Regional de Los Ríos, se observó un saldo de $8.651.017.491 en recursos transferidos pendientes de rendición, con registros desde el año 2015.
Adicionalmente, se encontró un saldo de $7.940.628.576 en anticipos pendientes de cuentas, lo que podría llevar a un sumario para aclarar responsabilidades por falta de control.
También se reportaron 162 pagos de viáticos por $5.588.059 vinculados a labores habituales y mal uso de vehículos fiscales, lo que motivará una investigación sumaria por parte de la Contraloría Regional.
En el Gobierno Regional de Magallanes, se destacó que algunos servicios contratados incluyeron publicidad y manejo de redes sociales del gobernador regional.
Se instruye a la entidad a que la difusión se centre en las actividades institucionales y no en la figura individual del gobernador. Además, se halló que 25 informes aprobados fueron firmados por funcionarios distintos a los estipulados en contratos.
Se verificó también un incumplimiento en el límite de consumo de bencina mensual para el vehículo del Gobernador Regional durante varios meses, lo que llevará a un sumario para determinar posibles responsabilidades.
En cuanto al Gobierno de la región Metropolitana, se constató un pago de $31.366.179 por un servicio de asesoría que no correspondía al contenido contratado, evidenciando un enfoque en temas de campaña electoral de reelección del gobernador Orrego.
Como resultado, la Contraloría comenzará un procedimiento disciplinario para esclarecer responsabilidades administrativas y ha enviado la información al Ministerio Público.
Se registraron también adquisiciones de bienes y servicios mediante trato directo por un total de $51.753.665 sin cumplir los requisitos establecidos. Asimismo, se identificaron contrataciones directas de empresas por montos elevados sin la correspondiente justificación de idoneidad.
PURANOTICIA
Con Información de puranoticia.pnt.cl
