Gracias a las gestiones de los diputados Diego Ibáñez y Andrés Celis, se activó una fiscalización sanitaria en el Complejo Penitenciario de Valparaíso tras denuncias sobre condiciones insalubres y presencia de plagas que amenazaban la salud de funcionarios de Gendarmería, internos y personal administrativo.
La colaboración de los parlamentarios permitió visibilizar una situación crítica que persistía desde hace meses, lo que llevó a la intervención de la Seremi de Salud de Valparaíso. Su inspección identificó diversas deficiencias sanitarias, como puertas no herméticas, vidrios rotos y la falta de protocolos preventivos tras labores de desmalezado en el área.
Como resultado de esta fiscalización, se inició un sumario sanitario que concluyó con una multa para la cárcel de Valparaíso. También se verificaron intervenciones de empresas especializadas en control de plagas realizadas en marzo. Aunque la Unidad de Epidemiología indicó que no se han reportado eventos sanitarios graves, la presión ejercida propició la implementación de medidas correctivas urgentes.
El diputado Diego Ibáñez afirmó que «la situación de los gendarmes, los trabajadores civiles y los internos no debe seguir siendo ignorada. Las condiciones de salud e infraestructura son cuestiones de dignidad y derechos humanos. Hacemos un llamado a las autoridades para que resuelvan definitivamente todas las problemáticas identificadas, en beneficio de toda la comunidad carcelaria».
Por su parte, el diputado Andrés Celis señaló que “lo que constató la Seremi de Salud reafirma lo que advertimos junto al diputado Ibáñez: las condiciones higiénicas en la cárcel eran deficientes y carecían de un manejo adecuado de plagas, lo que ponía en riesgo a los funcionarios de Gendarmería y al personal que labora diariamente en el recinto.”
Ambos diputados reiteraron su compromiso con la fiscalización y la protección de los derechos laborales, sanitarios y humanos, especialmente en espacios donde históricamente han existido vulneraciones.
Finalmente, el suboficial mayor Carlos Fernández, de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, comentó que «las voces de los dirigentes fueron escuchadas gracias a la intervención de los parlamentarios. Aunque no celebramos la multa impuesta al complejo, reconocemos que establece un precedente importante: las autoridades deben prestarnos atención. Como funcionarios, denunciamos las precariedades y trabajamos para garantizar la seguridad y salud del personal y de las personas bajo nuestra custodia. Esta medida valida nuestras preocupaciones y esperamos que se concrete en acciones que mejoren nuestras condiciones laborales y de servicio».
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Con Información de puranoticia.pnt.cl
