El diputado Andrés Longton (RN), quien lideró la comisión que investigó la fallida compra de la vivienda del expresidente Salvador Allende, comentaron sobre la respuesta que otorgó el Presidente Gabriel Boric al informe presentado por dicha instancia legislativa.
El Mandatario proporcionó un documento de dos páginas en el que afirma que su participación en el proceso de adquisición del inmueble «fue limitada y se restringió a la decisión inicial y a la firma del decreto que autorizaba la compra, el cual, como es conocido, fue validado por la Contraloría General de la República».
“Lamentablemente, la respuesta del Presidente fue mínima. Lo que respondió resulta insuficiente, ya que menciona que todos los ministros y autoridades colaboraron con la Comisión Investigadora”, expresó.
El parlamentario puso en duda esta colaboración “porque muchos de los invitados, que tenían una participación directa y responsabilidad, fueron apartados de sus cargos (…) El ministro Elizalde mintió (…) en relación a la asignación de recursos que no estaban destinados para la compra de la casa del expresidente Allende”.
Longton recordó que en una entrevista televisiva, la exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, “declaró que este gobierno careció de criterio y que fue un despropósito avanzar en esta compra a pesar de lo legal y éticamente cuestionable que resultaba”.
Y añadió que “el Presidente Boric, en su respuesta, menciona que todavía está realizando investigaciones mediante sumarios. Han transcurrido varios meses y, como indicara la exministra, 17 abogados revisaron este decreto y esta operación, la mayoría de ellos aún están en sus puestos, incluyendo a la jefa jurídica de la Segpres, Francisca Moya, quien revisa los decretos para llevarlos al escritorio del Presidente y además es su amiga cercana.”
En este contexto, el congresista considera que existe “un pacto de silencio dentro del gobierno para proteger a ciertos individuos y que, de no ser por las escuchas al señor Crispi, lamentablemente no habríamos obtenido información relevante sobre la implicación de la familia Allende en todo este proceso, y probablemente también para justificar el ajuste en el precio de la casa, que alcanzó casi los 930 millones de pesos”.
Por su parte, la diputada Paula Labra, miembro de la comisión investigadora, calificó la respuesta del Presidente Boric como “inaceptable. No añade ningún nuevo antecedente, no aborda específicamente ninguna de las preguntas del cuestionario, y además, espera que la comisión finalice sus sesiones para enviar este oficio”.
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